SUTEBA denunció que Gendarmería pidió datos y sacó fotos en una protesta de estudiantes secundarios

El SUTEBA salió a denunciar hoy un hecho de intimidación pública por parte de efectivos de Gendarmería que pidieron datos y sacaron fotos a un grupo de adolescentes que reclamaba mejoras edilicias en su colegio, que tiene paredes electrificadas y riesgo de derrumbe.
La actitud de Gendarmería, justo cuando su accionar está en tela de juicio por la desaparición de Santiago Maldonado, vuelve a generar preocupación.

La Pampa: Comienza hoy el segundo juicio por las torturas durante la dictadura

Los militares y los policías pampeanos serán juzgados por los delitos cometidos contra 234 víctimas. Quedaron tres acusados fuera del juicio. El gran detalle de estas audiencias, respecto de las del año 2010, es que estará sentado en el banquillo el exjefe de Policía Luis Baraldini, antes prófugo.

Hoy, a partir de las 8:30 horas, en el auditorio del Colegio de Abogados, se iniciará el segundo juicio por las torturas y detenciones ilegales cometidas a partir del 24 de marzo de 1976 durante la última dictadura militar en La Pampa. Están acusados 2 militares y 13 policías pampeanos, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de 234 víctimas.

El tribunal que llevará a cabo el juicio estará integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. Alejandro Adrián Silva será el cuarto juez, suplente. La Fiscalía, en tanto, será representada por el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro.

El debate que se avecina será el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo en la capital de la provincia de La Pampa, siete años después del que culminara con las condenas a ocho expolicías provinciales y a un exmilitar por la privación ilegal de la libertad de 28 víctimas entre 1976 y 1978.

Los crímenes que se juzgarán en este proceso fueron cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El comando de la Subzona 14 estaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de la localidad pampeana de Toay. En efecto, de acuerdo con la acusación fiscal, que será leída hoy en el comienzo del debate, las detenciones ilegales que se juzgarán fueron perpetradas entre 1975 y 1982 en distintas localidades de la provincia de La Pampa.

Los lugares donde se mantuvo cautiva en forma clandestina a las víctimas fueron las comisarías Primera (esq. de avenida Belgrano y Padre Buodo) y Segunda (en la intersección de las calles Raúl B. Díaz y Río Negro); la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Santa Rosa (en la intersección de las calles Pellegrini y Alem); la Delegación local de la Policía Federal Argentina (en la intersección de las calles Pellegrini y Juan B. Justo); la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército en Toay y las unidades carcelarias 4 (Colonia Penal) y 13 (Rivadavia y Alsina) del Servicio Penitenciario Federal.

El principal centro clandestino de detención de la Subzona 14 fue la comisaría primera de Santa Rosa. En la planta alta de ese edificio funcionaba la Unidad Regional I, donde un grupo policial de tareas, conocido como “grupo de trabajo”, interrogaba y torturaba a prisioneros y prisioneras, quienes se encontraban privados de su libertad en la seccional o en otros centros de detención, incluidas las cárceles federales 4 y 13.

El “grupo policial” de la Unidad Regional I fue creado formalmente en 1976, aunque funcionaba al menos desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada en octubre de 1975 por el entonces jefe de la Subzona 14 Ramón Juan Alberto Camps. Es el mismo que tuvo a su cargo la conducción de la Policía bonaerense luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A este juicio llegan acusados varios de los jefes e integrantes de aquél grupo policial.

Hay tres acusados que quedaron fuera del juicio por razones de salud. Se trata del ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); y de los expolicías, Omar Aguilera (79, exjefe de Operaciones) y el exoficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80).

Los acusados son el excoronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el exmayor del Ejército y exjefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los exmiembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14: Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los exoficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), el exagente Orlando Osmar Pérez (68); los exoficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el exoficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el exoficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Onetto (71).

La acusación es por asociación ilícita, detenciones ilegales y torturas. Los abogados de las querellas son Franco Catalani (patrocinante de la UNLPam y de Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, y apoderado del Partido Comunista La Pampa y el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos) y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi). Una tercera querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre renunció a la acción judicial.(El diario de La Pampa)

Néstor Pitrola, tildó a Jorge Lanata y a su programa, PPT, como el 678 del gobierno de Mauricio Macri

El candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Néstor Pitrola, tildó a Jorge Lanata y a su programa, PPT, como el 678 del gobierno de Mauricio Macri, en referencia al ciclo que emitía la TV Pública durante el kirchnerismo, con un fuerte sesgo oficialista.

“Quiero refutar al nuevo 678 de la República Argentina, que es Lanata, PPT”, dijo Pitrola durante su participación en Demasiado Humo, el programa de debate político que se emite por la pantalla de QM NOTICIAS. “Dice Lanata que la de Santiago no es una desaparición forzada porque no responde a un plan de desapariciones forzadas. Pero una desaparición forzada es una desaparición forzada, y yo creo que responde a un plan de represión en general”, refutó.

Pitrola encuadró la desaparición del joven artesano con el otorgamiento de “determinadas prerrogativas a las fuerzas de seguridad”, que, dijo, “terminan en el extremo de una desaparición forzada”, siempre según la línea de investigación de la Justicia.

Además, el dirigente del FIT expresó su preocupación por la aparición de una “muy rara escalada de violencia” que atribuyó a grupos que nadie conoce. “En la primera manifestación por Santiago, a la que asistí como ciudadano, al rato quemaron motos de la policía. Era un grupo del cual nadie sabe quién es”, indicó.

“Estamos viendo que de pronto hay una muy rara escalada de violencia frente a un hecho que compromete a las fuerzas de seguridad”, concluyó, abonando tácitamente la hipótesis de infiltraciones en las protestas.

El represor Miguel Etchecolatz sufrió un ACV en la cárcel y fue internado de urgencia

El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar Miguel Etchecolatz sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) en la cárcel y fue internado de urgencia en el Hospital de Ezeiza.

Fuentes penitenciarias informaron que un pico de hipertensión arterial fue el causante del ACV del represor, de 88 años, quien estaba preso en el penal de Ezeiza.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó que permanezca internado en el Hospital Eurnekian.

El represor fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha de Ramón Camps, por entonces jefe de la fuerza, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla entre marzo de 1976 y fines de 1977, cuando estuvo a cargo de 21 cárceles clandestinas que funcionaron en ese territorio.

Acumula seis condenas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y otras causas en proceso.

En 2006 fue sentenciado a cadena perpetua durante el juicio donde declaró como testigo clave el albañil Julio López, desaparecido desde el 18 de setiembre cuando se dio a conocer la sentencia al ex jefe policial.

La semana pasada se supo que a, pesar de haber recibido la primera sentencia hace 31 años, todavía pertenecía a la Policía Bonaerense, por lo que fue exonerado recién el último 8 de agosto por decisión de la gobierno de Vidal.