Maryland y Hawai empezaron a levantar el muro judicial contra el segundo decreto migratorio de Trump

Un juez federal de Maryland falló hoy en contra del segundo decreto migratorio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y agregó otro bloque al muro judicial contra la orden ejecutiva presidencial que empezó a levantar Hawai ayer, y que si crece puede terminar anulándola, tal como ocurrió con la primera versión.

El fallo del juez federal de Maryland, Theodore D. Chuang, se centró en una de las partes del veto migratorio de Trump, la suspensión de la emisión de visas para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Chuang subrayó que este veto supone "la puesta en práctica de la largamente anticipada prohibición a los musulmanes" y justificó su decisión por los comentarios realizados por Trump durante su campaña electoral.

La decisión de Maryland se añade a la que tomó el magistrado Derrick K. Watson, con sede en Honolulu, tras escuchar los argumentos de las autoridades de Hawai, el primer estado que desafió la medida, y dejó por ahora sin efecto la suspensión de ingreso al país de inmigrantes de los seis países y de todos los refugiados.

Estos fallos judiciales suponen un segundo revés legal para el gobierno de Trump, que ya vio como la Justicia bloqueaba a principios de febrero su primer veto.

Poco después de conocerse el bloqueo del juez de Hawaii, el presidente de Estados Unidos calificó la decisión en un mitin en Nashville (Tennesee) anoche como "terrible" y agregó que "es, en opinión de muchos, una extralimitación judicial sin precedentes".

Tras una breve pero infructuosa batalla legal contra la primera ráfaga de fallos en contra de su veto inicial, Trump cedió y presentó el 6 de marzo una versión revisada, en la que introdujo algunos cambios rebajando el tono de la medida, con el convencimiento de que esta vez evitaría el escrutinio judicial.

El nuevo veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia de la primera orden, la medida dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba el apartado sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

Pero la suspensión temporal ordenada por los jueces de Maryland y Hawai, a sólo horas de que el nuevo decreto entre en vigencia, demostró que la esperanza del primer mandatario estadounidense carecía de cimientos sólidos.

El nuevo decreto mantenía el veto para ingresar al país para todos los refugiados por 120 días y establece una prohibición de tres meses para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia del veto anterior, Trump había decidido exceptuar a Irak, país aliado de Washington después de la invasión estadounidense de 2003 y la posterior ocupación militar que duró hasta 2011.

En la audiencia de Hawai, los abogados del gobierno de ese estado argumentaron que la nueva medida, igual que la anterior, seguía siendo inconstitucional porque atentaba contra la libertad religiosa protegida en la primera Enmienda de la Constitución.

Según explicaron, es evidente que el decreto se dirige específicamente contra los musulmanes. Los representantes del gobierno de Hawai también sostuvieron que la medida de Trump dañaría al turismo en la isla y al sector empresarial y universitario, ya que impediría reclutar personal extranjero.

Por su parte, los abogados del gobierno de Trump argumentaron que el presidente tiene plena capacidad para determinar la política migratoria del país y que los argumentos del estado de Hawai no son más que "especulaciones".

Chuang ya había anunciado ayer, tras terminada la audiencia con los querellantes contra el nuevo decreto, que emitiría un fallo, "no necesariamente" el miércoles, según informó la agencia de noticias EFE.

Desde que Trump anunció la firma de su nuevo decreto antinmigratorio, la oposición no paró de crecer y multiplicarse, hasta incluir gobiernos estatales, asociaciones religiosas, defensores de derechos civiles y todo un arco heterogéneo de personas y grupos muy similar al que se movilizó hace poco más de un mes para frenar el primer decreto presidencial que apuntó contra la comunidad musulmana. Esta vez, el gobierno de Trump intentó ser más prolijo.

Pulió el vocabulario del decreto -por ejemplo no menciona la religión musulmana como característica de los países vetados-, removió a uno de sus aliados, Irak, y le avisó con anticipación a los otros dos poderes -el Legislativo y el Judicial- y a todos los órganos estatales involucrados en la ejecución de la norma.
"Nos sentimos muy confiados con cómo fue redactado y con los aportes que incluye", había asegurado el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, luego del anuncio oficial.

Según el funcionario, todo el gobierno estaba convencido de que esta vez el decreto se mantendría en pie.

En el estado de Washington, el juez federal James Robart, mantuvo ayer otra audiencia para discutir el nuevo veto migratorio.

Al escuchar la noticia del fallo en Hawai, tanto Robart como el funcionario que encabeza el recurso contra el decreto de Trump en ese estado, Bob Ferguson, celebró la decisión del juez Watson y dijo que son "buenas noticias" para todo el país.
"Es muy emocionante. En este punto es un esfuerzo de equipo con múltiples juicios en múltiples estados", aseguró Ferguson, quien también batalló - con éxito- contra el primer veto migratorio de Trump.

Estos rechazos dan por tierra con el convencimiento inicial de la administración Trump, que esperaba que la mayor prolijidad en la redacción y ejecución del decreto le asegurasen la inacción de los fiscales federales y los jueces nombrados por los demócratas en diversos estados.

El primer decreto fue ejecutado de inmediato, sin avisarle a las fuerzas de seguridad involucradas y al propio Congreso. Esto provocó un caos, especialmente cuando comenzaron a conocerse las noticias de detenciones de extranjeros y hasta de residentes legales de Estados Unidos en los principales aeropuertos del país.

Las protestas y el repudio se hicieron escuchar enseguida e, inclusive, superaron las fronteras nacionales.

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