La ONU pidió solución para presos de las FARC y advirtió que la demora socava la paz

La Misión de la ONU para el acuerdo de paz en Colombia le pidió al gobierno de Juan Manuel Santos que solucione la situación de los miembros de las FARC beneficiarios de la amnistía que permanecen en prisión, y advirtió que la demora "socava" la aplicación de la paz.
"La detención de los miembros de las FARC en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la entrega de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz", señaló anoche el grupo en un comunicado.

La Misión formuló "un llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de la FARC que todavía se encuentran privados de la libertad", pese a que en diciembre pasado se aprobó la Ley de Amnistía a que se han expedido decretos para agilizar este proceso.
"Ante el impasse de la excarcelación de los presos de las FARC, es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz", agregó.

Según la ONU, a este hecho "se suma la inseguridad de miembros de las FARC" fuera de las zonas donde hacen su tránsito a la vida en sociedad, y que es "ilustrada por los casos de amenazas y homicidios contra ellos y sus familiares", refirió la agencia de noticias EFE.

Siete meses después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, unos 2.000 guerrilleros siguen en las cárceles a la espera de su puesta en libertad para iniciar también la reincorporación a la vida en sociedad junto con cerca de 7.000 de sus compañeros que están concentrados en las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN).

El perdón jurídico está enmarcado en la Ley de Amnistía que recoge el acuerdo de paz y que se estima que beneficiará a unos 4.500 miembros de las FARC.

La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 28 de diciembre y contempla el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto a los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

Algunos de los guerrilleros presos anunciaron a finales de junio una huelga de hambre para presionar por su liberación al amparo de la Ley de Amnistía.

Por otra parte, el Estado colombiano deberá indemnizar con 550 millones de pesos (unos 180.700 dólares) al ex diputado Sigifredo López por los daños materiales y morales que sufrió al ser acusado de colaborar con las FARC para secuestrar a 11 de sus colegas en 2002 y privado de la libertad por ese hecho durante cuatro meses, informó anoche una fuente oficial.

El 11 de abril de 2002 guerrilleros de las FARC secuestraron en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, con sede en la ciudad de Cali (sudoeste), a 12 diputados, entre ellos López.

La guerrilla anunció el 28 de junio de 2007 que en una acción de "fuego cruzado" murieron 11 de los legisladores, y López fue el único sobreviviente.

Dos años después, el 5 de febrero de 2009, la guerrilla liberó al diputado regional.

Sin embargo, un testigo identificado como Diego Antonio López Osorio, hoy preso en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca) por el delito de falso testimonio, acusó a López de haber coordinado el secuestro de sus colegas.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de López el 16 de mayo del 2012, medida que ahora es revertida con el pago de la indemnización.

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