El secuestro de Milagro Sala demuestra el revanchismo de Macri

El bloque de Diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, manifiesta que el atropello a las instituciones y a las libertades públicas por parte del gobernador Gerardo Morales, con apoyo del presidente Mauricio Macri, no tiene límites, al embestir ahora contra la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien nos solidarizamos ante la maliciosa denuncia que hicieron dos jueces adictos a la provincia. Morales y el gobierno nacional demuestran un insaciable revanchismo político y social que ya no pueden esconder con el discurso del diálogo, consenso y globitos al aire.

Hasta propios y extraños al gobierno nacional le vienen marcando día a día que la libertad de Sala debe ser inmediata y, en cambio, la mantienen secuestrada con argumentos insostenibles e irrisorios como el que desplegó Macri. No se condena a un ciudadano o ciudadana porque “les parece” que cometió delitos o porque hay una supuesta mayoría que opina que debe ser condenada. Existe el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso legal y la defensa en juicio.

Ante los reiterados rechazos de pedidos para que sea liberada, con argumentos sólidos y sostenidos por la OEA, CIDH, Amnistía Internacional, el CELS, en Jujuy no hay justicia posible porque es un poder dependiente del gobernador Morales quien a su vez es apoyado por Macri. Así lo resolvió la propia ONU.

Es un escándalo político que compromete la imagen del país a nivel  internacional que con el gobierno de Raúl Alfonsín recuperó el respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de los tratados internacionales avalados por el Congreso y consagrados en la Constitución Nacional y que consolidó Néstor Kirchner bajo los preceptos de  Memoria, Verdad y Justicia.

Según el artículo 75 inc. 22 (C.N.) es el Estado Nacional el que representa a la provincia en los fueros internacionales. Miente el gobierno nacional cuando informa que ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables. Tanto esta mentira como la ingenuidad, en caso de falta de conocimientos de las normas, justificarían el juicio político al presidente de la Nación por la violación a los Tratados Internacionales.

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