“Quieren ocultar una delicada realidad política, económica y social a la que nos ha arrastrado el Gobierno de Macri”

El Consejo Nacional Justicialista cuestionó la decisión del juez Claudio Bonadio, que dispuso los procesamientos, embargos y prisiones preventivas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de la anterior gestión gubernamental. A través de un comunicado, advirtieron la intención de “ocultar una delicada realidad política, económica y social a la que nos ha arrastrado el Gobierno de Mauricio Macri”.

El partido considera “descabellada” la decisión del juez Bonadio, a quien acusa de perpetrar “un atropello a pautas elementales de nuestro ordenamiento jurídico”, por cuanto considera que “no existen elementos razonables para proceder con los procesamientos ordenados. Menos aún para imponer la prisión preventiva de las personas involucradas en la causa”.

El PJ advierte que a prisión preventiva “no es una medida ordinaria”, sino que “afecta derechos esenciales de las personas”. Por ende, “solo procede ante casos excepcionales. Y siempre debe estar debidamente fundada”. En ese sentido advierten que “la libertad personal no puede depender de presiones mediáticas, ni quedar a merced del capricho de un juez”.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista considera que el juez Claudio Bonadio consuma con su decisión “una alteración de nuestras bases jurídicas e institucionales”, por lo que solicitan que prontamente esa decisión sea “desestimada” a efectos de “reponer la vigencia de nuestra Constitución”.

“Se deben resguardar los derechos fundamentales de todos los argentinos. Pero, en particular, hoy venimos a defender a nuestras compañeras y compañeros que ven vulnerados injustamente sus derechos y garantías por quienes dicen falazmente llamarse la Justicia”, expresa el comunicado que advierte además que esas medidas “casualmente se producen hacia el final de la semana laborable para ocupar los espacios mediáticos del fin de semana, existe la intención de ocultar una delicada realidad política, económica y social a la que nos ha arrastrado el Gobierno de Mauricio Macri”.

Tras comparar esta situación que considera una “persecución”, que comparan con el Decreto 4161/56 del general Aramburu, advierten que “el Consejo Nacional del Partido Justicialista no puede ni va a permanecer en silencio ante semejante atropello judicial y mediático, que sólo busca profundizar el clima de revancha social”.

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