Corrupción estructural: Fernanda Vallejos pide hasta diez años de prisión para funcionarios públicos

La diputada y economista presentará un proyecto de ley para atacar la corrupción estructural que se canaliza a través de cuentas off shore en paraísos fiscales. Hoy se supo que el ministro de Finanzas, Luis Caputo mintió y que fue el dueño de una compañía radicada en Islas Caimán, que no había declarado en la Oficina Anticorrupción.

La economista y legisladora del Frente para la Victoria – PJ, Fernanda Vallejos presentará esta semana un proyecto de ley contra la “corrupción estructural”, tal como lo había anticipado cuando se presentó como precandidata a primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa prevé penas de entre 3 y hasta 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que omitan en la declaración jurada su participación en sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales, como lo hizo el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien jamás aclaró a la Oficina Anticorrupción que fue “dueño indirecto” y mantuvo el control, hasta diez días antes de asumir en su actual cargo, de Noctua Partners, una administradora de fondos radicada en las Islas Caimán.

Entre las personas alcanzadas por esta iniciativa se incluye a los precandidatos a elecciones primarias, los candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales y a todos los funcionarios comprendidos en la ley de Ética Pública; desde el Presidente y vicepresidente de la Nación hasta los senadores y diputados pasando por los jueces, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Jefe de Gabinete, los ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, los interventores federales, los síndicos de la Auditoría General de la Nación y otros entes reguladores, los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, embajadores, cónsules, personal de las fuerzas de seguridad con jerarquía no menor de coronel o equivalente, entre otros.

En uno de los artículos, el anteproyecto de Vallejos limita la posibilidad de ejercer la función pública a “aquellas personas que sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes que tengan tributación favorecida. Y a los directivos que posean vínculos económicos con sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes”.

El 12 de abril del año pasado, el presidente Mauricio Macri anunció la constitución de un fideicomiso “ciego” que supuestamente tiene a cargo la administración de su patrimonio.

La propuesta de Vallejos está en sintonía con la presentación que hizo la semana última pasada la senadora nacional y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El anteproyecto de ley prevé la creación de una “Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de los conflictos de intereses vinculados a jurisdicciones de tributación favorecida”, con el fin de que el propio Poder Legislativo se involucre de lleno en la lucha contra la corrupción estructural off shore.

La economista advierte en los fundamentos del proyecto que “la recurrencia de la aparición de funcionarios vinculados a escándalos en paraísos fiscales, nos conduce a inducir que no se trata de algunos casos puntuales sino de una práctica que, así como los especialistas internacionales en la materia definen que caracteriza la conducta de los actores vinculados al poder económico a escala global, es propia de este gobierno como un todo, en tanto sus funcionarios son, antes que actores políticos, empresarios y CEOs”. La legisladora señala también que “estas prácticas hacen factibles hechos de corrupción, permitiendo que la ruta del dinero no pueda ser rastreada y por lo tanto facilitando el lavado de activos”.

El problema de los paraísos fiscales constituye una preocupación para políticos y especialistas en criminalidad económica en diversas latitudes del globo. Se trata de países con bajísima o nula carga de impuestos para quienes depositan su dinero en cuentas bancarias o constituyen sociedades en esos territorios laxos o nulos en el control del lavado de dinero; otra característica central de estos países es el SECRETO BANCARIO; todas concesiones absolutamente convenientes para quiénes tienen dinero negro y quieren vivir en su país sin pagar impuestos o quieren evitar ser controlados por sus capitales de origen espúreo.

De acuerdo a un trabajo de James Henry, ex economista jefe de la consultora internacional McKinsey, el monto albergado en paraísos fiscales asciende a US$36 billones, el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos. El estudio de Henry “llama la atención sobre este enorme ‘agujero negro’ en la economía mundial que nunca había sido medido: la riqueza privada depositada en cuentas off shore y la cantidad de ingresos que produce libre de impuestos”, señaló el autor.

Un informe de la Comisión Económica para América latina (CEPAL), con datos del año 2014, revela que la evasión fiscal de personas y empresas en la región latinoamericana costó cerca de US$ 200.000 millones.

Según las estimaciones del gobierno de Ecuador, solucionar el problema de la evasión vinculada a los patrimonios ocultos en paraísos fiscales permitiría sacar de la pobreza a 32 millones de personas en América Latina y el Caribe.

Por todas estas razones, distintos países del mundo y de la región comenzaron a interesarse en mejorar sus legislaciones para incorporar estas nuevas problemáticas y sancionar esta corrupción estructural de nuevo tipo.

En Costa Rica y Ecuador, a partir del escándalo internacional desatado con los Panamá Papers, se aprobaron leyes que limitan las actividades offshore de funcionarios públicos.

“Los cálculos de los expertos internacionales para el caso argentino, hablan de alrededor de 400.000 millones de dólares fugados desde nuestro país, un stock de riqueza casi equiparable al PBI, más que suficiente para financiar la consolidación del desarrollo económico y social de la Nación y, naturalmente, terminar definitivamente con el negocio de la deuda externa, injustificable frente a la suficiencia de ahorro interno”, explica la iniciativa en uno de los tramos.

 

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