24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El 24 de marzo de 1976, hace 40 años, un golpe de Estado cívico-militar derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauró una dictadura que gobernó entre los años 1976 y 1983 a través de una Junta Militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). Esa dictadura se autodenominó  “Proceso de Reorganización Nacional”.

La Junta Militar  instauró el terrorismo de Estado mediante acciones represivas conocidas como la Guerra Sucia, en consonancia con las dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor; esto contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados, grupos de poder civil y la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos.

Durante aquellos años en que el gobierno estuvo en manos de la Junta Militar, ésta secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a  miles de personas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Gran cantidad de los secuestrados fueron ejecutados; cientos de bebés de madres en cautiverio fueron apropiados y hasta hoy  han recuperado su identidad 110 de ellos gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Económicamente, la dictadura desmontó el Estado de Bienestar, desindustrializó al país y favoreció al sector financiero y al campo bajo la conducción del recientemente fallecido José Alfredo Martínez de Hoz.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos a partir del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Fue el siguiente presidente, Carlos Menem quien entre 1989 y 1990 dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. Esta situación impulsó a los familiares de los desaparecidos a buscar apoyo en el exterior. En 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Nuremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron. La justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura.

El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner  en el Colegio Militar ordenó al Jefe del Ejército, Tte.Coronel Roberto Bendini, descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y de Roberto Bignone, ex presidentes de facto y ex directores de ese colegio. Luego en su duro discurso, entre otras cosas,  pidió perdón en nombre del Estado y solicitó "Que el 24 de marzo se convierta en la conciencia viva de lo que no debe hacerse en la Patria. Nunca más se tiene que volver a subvertir el orden institucional en la Argentina".

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