Denuncian complicidad del Estado con terratenientes extranjeros


En la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) ayer se reunieron los participantes del Curso de Promotores Jurídicos Indígenas de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y mediante un comunicado repudiaron la vulneración de derechos de las comunidades mapuche-tehuelche de Vuelta del Río y Cushamen, que -según denuncian- fueron reprimidos durante el último allanamiento que encabezó el juez federal, Guido Otranto, en busca de nuevos indicios sobre Santiago Maldonado. Además denunciaron la complicidad de los poderes Ejecutivo y Judicial con terratenientes extranjeros.

El joven artesano desapareció el 1 de agosto a partir de un operativo de represión que ejecutó Gendarmería Nacional en tierras ocupadas por el grupo Benetton y que son reclamadas por la comunidad mapuche de Cushamen.

En el comunicado, los participantes de esa cátedra sostienen que los poderes Ejecutivo y Judicial mantienen una connivencia y una parcialidad manifiesta para favorecer “los intereses económicos de los terratenientes como Benetton y Lewis, entre otros”.

El documento también manifiesta que se recusa la “desestimación de valiosas pruebas aportadas por familiares, amigos y testigos protegidos”, los cuales son clave para el esclarecimiento de la desaparición forzada de Maldonado, quien estaba “solidarizándose con Pu Lof en Resistencia Cushamen por la liberación del lonko Facundo Jones Huala”.

En el comunicado se asegura que la comunidad de Vuelta del Río fue allanada “violentamente” el lunes con “la excusa de buscar a Santiago Maldonado”. En consecuencia, los miembros deciden “manifestarse en repudio al accionar del estado presentándose ante el juez federal Guido Otranto”.

“Es inadmisible el accionar de fuerzas no identificadas que con total impunidad esa misma noche quemaron la casa de Marcelo Calfupan, vocero de la comunidad”, agregan.

En este sentido, el comunicado asegura que se solidarizan e invitan a tomar conciencia de la lucha de los pueblos originarios por la defensa del territorio, la reivindicación identitaria y su autonomía.

“Exigimos justicia por Santiago Maldonado, la pronta liberación de Facundo Jones Huala y una solución política al conflicto territorial, que impide a los pueblos originarios su desarrollo integral y la garantía de sus derechos”, asevera el documento.

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