15 de diciembre: Creación de la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP)

El 15 de diciembre de 1983 el Presidente de la Nación Raul Alfonsín firmaba el decreto que creaba la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Esta delegación tenía como objetivo recuperar  la verdad de lo acontecido durante el Proceso de Reorganización Nacional llevado acabo por la dictadura militar que tomó el  poder por la fuerza el 24 de marzo de 1976.

La reconstrucción de los hechos permitiría después el enjuiciamiento a las Juntas Militares involucradas con la desaparición forzada de personas, los secuestros y las torturas sufridas por los detenidos en los centros clandestinos de detención.
"La cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional" expresaba el primer considerando del decreto firmado 5 días después de la asunción de Alfonsín a la primera magistratura.
La CONADEP recibiría denuncias y pruebas sobre los hechos para remitirlos a la justicia cuando de ellas surgiera la comisión de delitos.
La misión encomendada no implicaba la determinación de responsabilidades. La justicia, receptora del material logrado por la Comisión en sus investigaciones y procedimientos, sería la encargada de delimitar responsabilidades, y decidir sobre los culpables.
Para garantizar y afianzar la objetividad requerida, el Poder Ejecutivo resolvió integrar la Comisión con personas de prestigio dentro y fuera del país elegidas por su firme actitud en defensa de los Derechos Humanos, así como por su representatividad en las distintas actividades del quehacer social.

El Presidente de la República convocó entonces a las siguientes personas para que llevaran a cabo con independencia sus funciones y con carácter «ad honorem»: Ricardo Colombres (jurista) , René Favaloro (médico cardiologo), Hilario Fernández Long (ex vicerrector de la Universidad de Buenos Aires), Carlos T. Gattinoni (obispo metodista), Gregorio Klimovsky (filosofo), Marshall T. Meyer (rabino), Jaime F. de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi(jurista), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Ernesto Sábato (escritor), quien fuera designado presidente de la Comisión.
Por el mismo decreto de creación se invitó a ambas Cámaras del Congreso Nacional a enviar tres representantes para incorporarse a la Comisión.
Solamente respondió la Cámara de Diputados, que el 6 de marzo de 1984, eligió a los diputados Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, los tres de la bancada de la Unión Cívica Radical.
De este modo, afrontando una tarea inédita ya que no existían antecedentes de una entidad similar en el país, comenzaron los trabajos en un clima cargado no sólo por las tensiones generadas por la naturaleza de la tarea a abordar, sino también por el descreimiento de algunos, el desacuerdo de otros y las críticas de muchos.

Los primeros pasos dados por esta Comisión incitaron la inmediata respuesta de la población en un formidable proceso de reconstitución de la memoria colectiva.
Una suerte de instinto popular se evidenció enseguida a favor de la Comisión Nacional, y de ahí sin duda se extrajo también el aliento y el valor que se requería para el pronto esclarecimiento de los hechos.
La Comisión Nacional debió afrontar la tarea de registrar los nombres y datos de víctimas de la represión, desaparecidos, desaparecidos-liberados y muertos.

En vista de que esta nómina comprendía muchos miles de nombres, se decidió emprender un trabajo en computación, con la creación de un «Banco de Datos».
Para ello se obtuvo la colaboración del CUPED (Centro Único de Procesamiento de Datos que procesa Jubilaciones, Loterías, etc.) que prestó sus equipos y servicios a la Comisión sin cargo, de acuerdo con lo prescripto en el Decreto de creación de la Comisión y sus complementarios.
Durante varios  meses se imprimieron, en la computadora central del CUPED, listados de víctimas por orden de apellido, por número de documento, por edad y  por fecha de desaparición.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP presenta su informe, el Nunca más, donde se registran 8.961 casos de desapariciones, la existencia de 340 centros clandestinos de detención, y el nombre de unos 1.500 militares y policías involucrados en esas denuncias.
El 22 de abril de 1985 se inició el juició a la Juntas que tuvo una duración de 17 semanas. El  fiscal Julio César Strassera y los  camaristas Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma fueron los encargados de llevar adelante el proceso judicial.

EL proceso culminó con las condenas a los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
Hasta la fecha de presentación de este informe, la CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continuan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados. Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes.

Urgente24

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