Declararon la emergencia agropecuaria en ocho distritos bonaerenses

Mediante una serie de decretos, el gobierno de María Eugenia Vidal oficializó este jueves la declaración de emergencia y desastre agropecuario en ocho distritos bonaerenses. La medida sólo tiene un alcance de cuatro meses: desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2017. Surge luego del fuerte reclamo que entidades ruralistas enroladas en Carbap realizaron con el objetivo de acelerar este trámite que se traduce en beneficios impositivos y créditos del Banco Provincia para aquellos productores afectados por las inundaciones que azotan varios puntos del territorio provincial.

La mayoría de los municipios que recibieron el beneficio pertenecen a la Quinta sección electoral (Maipú, Ayacucho, Pila, General Guido y Raucho), a los cuales se le suman explotaciones rurales afectadas por inundaciones en el partido de General La Madrid (Sexta), General Alvear (Séptima), y la prórroga de dicha emergencia para el distrito de Bolívar.

Para acceder a estos beneficios, los productores rurales cuyas explotaciones se encuentren afectadas deberán presentar sus declaraciones juradas en un período máximo de diez días, a partir de este jueves, cuando los decretos se publicaron en el Boletín Oficial.

Cabe recordar que semanas atrás y en diálogo con Letra P, el titular de Carbap, Matías De Velazco pidió que se efectivicen las declaraciones de emergencia agropecuaria solicitadas a la Provincia desde diversos municipios. Aquí, el dirigente ruralista apuntó contra “la cuestión burocrática” que impiden el pronto acceso a beneficios crediticios y prórrogas impositivas para productores inundados.

“Siempre falta una firma, se requiere la firma del Ministerio de Economía, de Agroindustria o de la Gobernadora. Están saliendo de forma lenta, demorada, los productores lo necesitan ya para créditos bancarios o prorroga de impuestos”, sostuvo en aquellos días.

Se dejó establecido que las medidas adoptadas en estos decretos alcanzarán, exclusivamente, “a los productores que desarrollen como actividad principal la explotación agropecuaria”, mientras que “dichos sujetos gozarán de los beneficios respecto del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado a esa actividad, sus normas complementarias y reglamentarias, en el porcentaje de la afectación de su producción o capacidad de producción”.

(Letra P)

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