La Comisión de Legislación General de Diputados emitió dictamen del proyecto de ley de alquileres

La Comisión de Legislación General de Diputados emitió dictamen del proyecto de ley de alquileres, que cuenta con media sanción del Senado, e implica modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

Por impulso de Cambiemos, la iniciativa sufrió numerosos cambios y fue firmada en disidencia por el Frente Renovador y los radicales Ricardo Alfonsín y Brenda Austin. En tanto, el FpV presentó un dictamen de minoría respetando el texto aprobado por unanimidad en la Cámara alta.

En la nueva propuesta se incorporó una ampliación de los instrumentos de garantía que servirán al inquilino para ingresar a una propiedad: garantía real, aval bancario, seguro de caución; garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente; y cualquier otra que resulte satisfactoria a criterio del locador.

Aunque la media sanción del Senado elevaba a tres años la duración de los contratos de locación, el dictamen firmado este martes mantiene el plazo en dos años. Además, ajusta anualmente los precios según la inflación anual difundida por el INDEC. “Hoy tenemos un INDEC que ofrece cifras fidedignas”, destacó el diputado Daniel Lipovetzky (Pro) en diálogo con la prensa acreditada del Congreso.

También, el presidente de Legislación General consideró “un gran paso” al proyecto, porque “hace 20 años que no hay una ley” y en el país “hay más de siete millones de inquilinos”. “Es una ley más equilibrada de la que venía del Senado”, expresó el macrista y estimó que antes del final del período ordinario pueda tratarse en el recinto.

Otro de los puntos de la iniciativa consiste en que, en caso de destino habitacional, al inquilino no se le podrá pedir un depósito mayor a un mes; y cuando se realice la renovación de contrato “las comisiones u honorarios no podrán superar el valor de medio mes de alquiler”.

El oficialismo también introdujo el concepto de “alquiler social” que indica que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, deberá “crear un programa destinado a apoyar a los inquilinos que tengan dificultades para cumplir con los requisitos de la garantía, depósito e incluso pago de alquileres, siempre que el destino de las mismas sean viviendas sociales”.

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