El fallo de la Corte recibe el rechazo de un amplio arco político e ideológico


El fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable la conmutación de pena del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad recibió hoy rechazos de diverso tono o el desacuerdo de un amplio y heterogéneo arco político e ideológico.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, consideró que "la decisión de los tres miembros (de la Corte que votaron en favor del fallo) de equiparar los delitos comunes con los de lesa humanidad le hace un daño profundo a toda la sociedad; daña muchísimo el derecho de verdad y justicia".

También el abogado Daniel Sabsay, discrepó con el fallo de la Corte, que sumó ayer los votos favorables de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, porque, según argumentó, "los delitos de lesa humanidad no se pueden poner en el mismo nivel que los delitos comunes".
"Creo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no pueden ser indultados ni amnistiados y no es posible ponerlo en un mismo nivel con los comunes, en lo que hace al 2x1", opinó Sabsay.

Consultado sobre el mismo tema por radio La Red, el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo hoy que no le correspondía opinar sobre los "fallos de la Corte", pero sostuvo que "en todos los casos" la llamada ley del 2x1 "fue uno de los peores engendros jurídicos", cuyos "efectos tan gravosos siguen estando".

El ministro señaló además que "un fallo del 2x1 en ningún escenario me parece bueno, lo he criticado desde que era secretario de juzgados de menores, hace más de 20 años", aunque aclaró que esta era su "reflexión general", independiente de este fallo en concreto.

Otro referente del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, declaró a Télam que el gobierno de Cambiemos "respeta los fallos de la Justicia" y consideró que el máximo tribunal "aplicó en este caso el principio general de que en materia penal corresponde aplicar la ley penal más benigna, que es una ley general para todos".

Para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuestionada sentencia del Máximo Tribunal "establece criterios contrarios a las políticas y a la defensa de los derechos humanos sustentadas hasta el presente".
Citando el voto de minoría de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, así como la opinión del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la Defensoría subrayó que "existen diferencias estructurales entre los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad".
"Estos últimos no son susceptibles de amnistía, indulto o conmutación de la pena, son imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier momento con el objeto de evitar la impunidad que impide una real reparación de las víctimas del terrorismo de Estado", subrayó en una declaración en la que marcó coincidencias con Sabsay y otros constitucionalistas.

Según la Defensoría del Pueblo porteña, "la renovación de la Corte trajo aparejado el mayor retroceso en la política de derechos humanos que, como dice Sabsay, representa 'romper con el principio de progresividad cuando un país ha alcanzado mayores niveles en materia de derechos humanos y retroceder'".

También formularon críticas de diverso tono al fallo fuerzas políticas como la UCR, el Frente Renovador, el FPV-PJ, el GEN, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista, partidos del FIT, Unidad Popular y organizaciones sindicales y sociales, entre ellas las tres expresiones de la CTA.

El Comité Nacional de la UCR, uno de los partidos integrantes de la oficialista Cambiemos, exteriorizó su "enérgica disconformidad" con la sentencia de la Corte Suprema, al tiempo que reiteró "su irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial".

El diputado radical Ricardo Alfonsín consideró a la sentencia "un retroceso", aunque pidió "respetar" la decisión del máximo tribunal y dijo que no le consta "que exista una interferencia del Ejecutivo" en el fallo pero que, "si los hechos lo demostraran, sería gravísimo y me encontrarían entre los primeros en denunciarlo".

Sobre el tema, el GEN de Margarita Stolbizer replicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el fallo del secretario general del partido a nivel bonaerense Horacio Alcuaz, que sugiere responsabilidad gubernamental.
"Quisieron imponer 2 Jueces en la Corte, negaron cantidad desaparecidos, quisieron cambiar feriado 24/3. Ahora esos jueces dan 2x1. Son PRO..", reza el texto que Alcuaz publicó en su cuenta de la red social y que reprodujo el GEN.

El Partido Socialista calificó la decisión rubricada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti de "fallo que favorece a la impunidad y golpea a la memoria, verdad y justicia".
"En momentos que la ciudadanía exige el cumplimiento efectivo de las penas, la justicia toma la determinación de dilapidar la historia reciente de memoria, verdad y justicia", indicó el PS en un comunicado y también relacionó el fallo "con la decisión primaria del Presidente de la Nación de elegir por decreto a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz".

Desde el Movimiento Evita, el diputado nacional Remo Carlotto afirmó la Corte adoptó "un fallo amañado", sobre la base de "una legislación que imperó entre 1994 y 2001 y la aplican para crímenes cometidos entre el '73 y el '83" y adelantó que propondrá que el Congreso se pronuncie en contra de esa decisión.

El presidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, opinó que el fallo es un "retroceso inadmisible" y adelantó también que presentará un proyecto de ley "para que se excluya de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad".

Por su lado, una declaración del Bloque Justicialista que integran Diego Bossio expresó "un posicionamiento totalmente contrario" a la resolución del Máximo Tribunal por considerarla "un grave retroceso en la política de derechos humanos" y exigió "que los criminales de lesa humanidad no gocen de ningún beneficio, mucho menos aún de la libertad o la conmutación de penas".

El Frente Renovador de Sergio Massa, por su parte, también rechazó el fallo de la Corte Suprema y consideró que se trata de "un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa".

En el Senado nacional, Juan Manuel Abal Medina (FPV-PJ) presentó hoy un proyecto de declaración en el que se expresa el "más profundo rechazo" al fallo de la Corte que consideró aplicable el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.

También el senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) rechazó la sentencia, según dijo, "un fallo sorprendente que tira abajo todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos" y que, afirmó, "es coherente con los cambios que viene llevando a cabo Macri".

Entre las organizaciones sindicales, la asociación bonaerense de profesionales de la salud Cicop repudió el fallo en un comunicado y también en un acto en el Hospital Posadas, del que que participaron Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y con presencias políticas como las de Vilma Ripoll (MST) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista).
También lo hicieron las tres expresiones de la CTA.

Claudio Lozano (Unidad Popular) dijo que se trata de un "fallo de la impunidad" y que "la política económica del endeudamiento del gobierno de Macri está asociada al perdón a los genocidas", mientras que integrantes del MST anunciaron que realizarán mañana a las 9.30 una protesta en las puertas del Palacio de Tribunales, en repudio del fallo de la Corte Suprema.

Para el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, el controvertido fallo es "un retroceso y una vergüenza", así como "un retroceso que va a traer consecuencias", porque "es un fallo para una persona pero atrás de esa persona puede engancharse un montón de gente".

En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti (PJ) expresó su "desacuerdo" con el fallo de la Corte Suprema y dijo compartir la posición disidente "que expresaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti".

Schiaretti opinó que "este fallo va en la dirección contraria del castigo a los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y deben ser juzgados".

En la misma provincia, el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), sostuvo que "hay que seguir con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia" y señaló que "este fallo es un paso para atrás".

Como curiosidad, expresó un solitario respaldo al fallo de la Corte el intendente de Mar del Plata (general Pueyrredón), Carlos Arroyo, para quien "las respuestas que da la ley, muchas veces, no son las que quiere la población".

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