Diputados convirtió en ley los cambios en el impuesto a los Bienes Personales

La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles los cambios en el impuesto a los Bienes Personales. Con 125 votos a favor, 65 en contra y 27 abstenciones, se ratificaron las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, que forma parte del paquete económico complementario del Presupuesto 2019.

El interbloque Cambiemos contó con apoyo mayoritario del interbloque peronista Argentina Federal. En cambio, el kirchnerismo, el espacio Red por Argentina -de Felipe Solá y el Movimiento Evita-, la izquierda, el salteño Alfredo Olmedo y el mendocino José Luis Ramón fueron por el rechazo.

Se abstuvieron el Frente Renovador; los justicialistas Diego Bossio, Eduardo “Bali” Bucca y Javier David; los puntanos de Unidad Justicialista; el bloque Evolución -de Martín Lousteau-; el socialista Luis Contigiani; y Javier Campos, de la Coalición Cívica. Lo mismo hizo una sola diputada del Frente para la Victoria-PJ, la chubutense Ana Llanos.

Cabe recordar que Campos ya se había abstenido en la votación del proyecto original, mientras que los demás diputados habían rechazado ese texto, pero en esta oportunidad, dado que lo que se votó fue la aceptación de las modificaciones del Senado, optaron por abstenerse.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Pro) explicó que el proyecto “se inscribe en el marco de una negociación entre el Gobierno nacional y las provincias para compensar algunos de los gastos de los que se harán cargo las provincias en materia de subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica”.

Según la ley, el mínimo no imponible de Bienes Personales pasará de los $1.050.000 pesos actuales a $2.000.000 a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes. Además, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.

En el Senado ese proyecto se modificó por impulso del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, quien propuso exceptuar de este impuesto las casas con destino habitacional de hasta $18.000.000. Según destacó Laspina, este cambio es “atinado” y “viene a darle un alivio fiscal a la clase media”.

Por el kirchnerismo, la economista Fernanda Vallejos advirtió que se trata de un “parche” y que “el ensañamiento de la política económica del Gobierno ya no es con los más vulnerables, sino que también es con la clase media, porque este es un impuesto en contra de la clase media trabajadora”.

La diputada del Frente para la Victoria-PJ cuestionó que el proyecto “exime de pagar a este impuesto a los más ricos propietarios de las tierras más caras de Argentina”, y puso como ejemplo el caso de su provincia, Buenos Aires, donde hay “1.300 propietarios rurales que son dueños de 11 millones de hectáreas”, las cuales “en las zonas más productivas llegan a cotizar por encima de los 30 mil dólares”.

“La familia del presidente (Mauricio) Macri, los Blanco Villegas, tienen 25 mil hectáreas en Tandil. No van a pagar Bienes Personales, y un trabajador que tiene 2 millones de pesos sí va a pagar. ¿Cuál es el criterio de justicia detrás de este parche de Bienes Personales?”, se preguntó.

También fue muy duro el exministro de Economía Axel Kicillof, quien señaló que “este proyecto plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los Bienes Personales, pero no como forma de redistribuir la riqueza, sino para exprimir a la clase media”.

Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, consideró que la eliminación de subsidios -que fue la causante de esta reforma- “mínimamente debía estar acompañada por la recomposición del valor adquisitivo”.

Explicó que “los gobernadores se vieron en una disyuntiva y establecieron una mesa de negociación” con el Gobierno nacional para que esa quita de subsidios no impactara en el bolsillo. Así se logró “un fondo compensador de $6.500 millones” provenientes de la recaudación de Bienes Personales, con el fin de mitigar los aumentos sobre todo en el transporte urbano.

Daniel Arroyo (Red por Argentina) se mostró en contra de la iniciativa. Si bien consideró que el texto “ha sido mejorado en el Senado”, enfatizó que lo que hace es “aumentar la presión impositiva” y “hacer que más personas en Argentina paguen este impuesto”. “Este no es el camino”, dijo.

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