Entre Ríos: La gestión del intendente de Cambiemos, Sergio Varisco será investigada por corrupción

Los peritos sospechan que se desviaban fondos para financiar las actividades ilícitas que son materia de investigación en el expediente que mantiene procesados al intendente Sergio Varisco, a la funcionaria Griselda Bordeira y al concejal Pablo Hernández, los dos últimos cumpliendo prisión preventiva, en la causa denominada “Narcomunicipio”. “Surgen graves, precisas y determinadas inconsistencias que corroboran la disponibilidad de fondos públicos”, aseguran los investigadores, antes de definir la existencia de “una caja de dinero de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes”, en referencia al narcotraficante Daniel “Tavi” Celis.
 
En tanto, el fiscal federal Carlos García Escalada, pediría esta semana la elevación a juicio oral de la mencionada causa, porque en estos días se le vence el plazo para solicitar otras instancias de la investigación. Si todo ello ocurre, como se prevé, el Tribunal Oral Federal de Paraná podría llevar a juicio a Varisco y sus allegados, entre abril y mayo del año próximo, según confirmó Análisis Digital.
 
  El informe
 
El informe de la Justicia Federal de Paraná contiene detalles irregulares en torno a negociaciones de publicidad, manejos de cheques y a contrataciones de personal, entre otros puntos. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, de la AFIP y del Tribunal de Cuentas, desde el viernes pasado al mediodía, para que tomen cartas en el asunto e inicien expedientes en cada organismo, que comprometen al intendente Sergio Varisco.
 
En el extenso escrito, el juez Leandro Ríos hace referencia a planillas correspondientes a la Unidad Municipal Nº 2 de Barrido y Limpieza. Se indica que no se registraban las firmas de los trabajadores y que sí consta allí “el detalle de los montos que el personal debía cobrar en efectivo junto con las retenciones o descuentos que debían hacerse en favor de Celis”.
 
“Se pudo determinar la existencia de contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Celis, como así también contratos o ingresos parcialmente simulados en los cuales el empleado o contratado efectivamente realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales u horas extras que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a Celis”, se indica más adelante.
 
“Debe quedar claro que el dinero sustraído del Estado Municipal mediante esta maniobra, no le pertenecía al trabajador, dado que nunca realizó las tareas que le eran liquidadas y que, además, le era retenido un porcentaje”, se indicó en la resolución, antes de advertir que Varisco y sus defensores mencionaron que en la Municipalidad no se maneja ni usa dinero en efectivo pero, sin embargo, de los movimientos analizados surge que ingresaron, en efectivo, más de 2.200 millones de pesos en tan solo diez meses, entre agosto de 2017 y mayo de 2018, consignó Análisis Digital.
 
En el escrito de la Justicia Federal también se hace referencia específica a las contrataciones de publicidad. “Se ha podido comprobar que en Tesorería se encuentra instaurada una suerte de ingeniería financiera tendiente a liberar dinero en efectivo del erario público mediante la emisión de cheques que, en apariencia, corresponden a gastos de publicidad de la Municipalidad de Paraná, pero se corresponden con servicios inexistentes, prestadores ficticios o de dudosa procedencia”, se enumeró.
 
Se detectó un importe de 28,8 millones de pesos por ese concepto y un estudio posterior permitió determinar que muchos supuestos prestadores no cuentan con capacidad económica, no se encuentran inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o sus actividades no guardan relación alguna con los supuestos servicios prestados al Gobierno Municipal. Se pusieron como ejemplo los casos de jubilados, una profesora de inglés, un prestador que declara como actividad la venta de carne y una sala de velatorios que, además, es inexistente. El monto puesto en cuestión supera los ocho millones de pesos.
 
También se hallaron números de órdenes de pago duplicados que, según las planillas de “Consulta de Órdenes de Compras” pertenecerían a otros proveedores y bajo conceptos de pago que no resultan ser los de publicidad, se indicó.
 
Más adelante, en un apartado titulado “autocheques”, los investigadores describieron que, del allanamiento practicado en la Tesorería Municipal, “surgieron planillas de egresos con detalles de pagos efectuados donde se hace mención a números de cheques y a otras planillas de cierre de cajas y bancos que son extremadamente confusas y poco claras, lo que imposibilita la adecuada revisión del dinero público”.
 
Un gasto puntual que para los peritos mereció “una mención aparte” es el registrado en concepto de publicidad para el prestador Multimedio Regional SRL. “El mismo no registra impuestos activos y en el período en cuestión se le habrían pagado 1.218.000 pesos”.
 
“Del informe referido se advierte la posible comisión de delitos de acción pública, encuadrables -prima facie- en los artículos 260° (malversación de fondos), 261° (peculado) o 174° inciso 5 (fraude al Estado Municipal) por parte de personas que no tienen vinculación alguna con el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y por lo tanto concurren en forma real con el hecho aquí? investigado, excediendo la competencia de este juzgado”, marcó el magistrado.