El juez Casanello inició trámites para enviar a Jaime a juicio oral por enriquecimiento ilícito

El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada hoy la investigación por supuesto "enriquecimiento ilícito" al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y otros 16 procesados como testaferros del ex funcionario y comenzó los trámites para enviarlos a juicio oral.

"Considero que es posible avanzar hacia la etapa crítica", concluyó el juez al dar por cerrada la pesquisa y pedir al fiscal federal Carlos Rívolo que dictamine si corresponde enviar la causa a juicio oral.

Ahora Rívolo deberá resolver si pide el juicio para todos o considera que todavía falta producir prueba en la pesquisa y pide que siga abierta.

La fiscalía deberá responder "si estima que están dadas las condiciones para acusar", resolvió Casanello al dar por concluida la pesquisa, en la que resta resolver aún la situación procesal de una hija del ex funcionario, Julieta Jaime.

Rívolo pidió hoy a Casanello que la joven sea procesada y que también se amplíe el procesamiento a Jaime, pero el juez decidió que esta parte de la causa tramite de forma independiente para "no atentar contra el razonable plazo de juzgamiento".

Casanello procesó a Jaime como autor del enriquecimiento ilícito y a los demás acusados como partícipes primarios del delito cometido por el ex funcionario público.

Entre los 16 están su ex esposa Silvia Reyss, su ex asesor Manuel Vázquez junto a su hijo Juilán Vázquez, el hermano del ex funcionario Eduardo Jaime -también procesado por encubrimiento-.

También se consideró que ya pueden ser juzgadas las dos hijas de la ex pareja de Jaime, Lorena y Agostina Jayo, entre otros.

Al procesarlo, el juez había entendido que Jaime no pudo justificar un total de 12.500.000 pesos obtenidos durante su paso por la función pública.

Este monto se obtuvo de la propiedad de Jaime sobre un avión, 13 automóviles, ocho propiedades, un hotel, un spa y acciones en empresas.

Jaime fue condenado ayer a una pena unificada de 6 años de prisión por la tragedia del tren de Once y otras dos causas penales, una por dádivas y la otra por destrucción de prueba.

El ex funcionario tiene un pedido de detención inmediata hecho ayer por el fiscal de juicio en el caso de la tragedia de Once, Fernando Arrigo, que debe ser resuelto por el Tribunal Oral Federal 2.

Sin embargo sigue en libertad hasta que la condena en su contra quede firme en las instancias de apelación.

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