Los más de 50 mil millones de pesos que la Nación le adeuda a Santa Fe por el descuento indebido de fondos coparticipables sigue en la agenda provincial como tema prioritario. Este lunes dos abogados rosarinos acudieron a la Justicia Federal para que se le solicite al gobierno nacional los expedientes administrativos y, de esta manera, poder determinar en qué estado están las negociaciones para el cobro de esos fondos. Se trata de una iniciativa preliminar que determinará si existe o no un perjuicio para Santa Fe que amerite otra presentación que exija un resarcimiento.

La presentación de los abogados Jorge López Mirossevich y Francisco Iturraspe recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la jueza Sylvia Aramberri. Las acciones están motivadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2015, que intimaba a un plazo de 120 días para que ambas jurisdicciones se pongan de acuerdo en la forma de pago, hecho que no ha sucedido a pesar de que Santa Fe le propuso a la Nación un esquema de pago.

En diálogo con El Ciudadano, López Mirossevich explicó: “Hemos decidido presentarnos estrictamente como ciudadanos en nombre de los derechos de la colectividad, no los individuales de nadie sino los de todos en general, entendemos que al no recibir el tesoro de la provincia esa inconmensurable suma, se está produciendo un daño en los servicios públicos que la provincia le debe dar a los ciudadanos, esto es camas en hospitales, equipamientos para la policía, servicios de transporte, entre otros”.

“Esa suma (por los 50 mil millones de pesos), que está reconocido por un fallo de la Corte, debería ser objeto de conversaciones positivas entre Santa Fe y la Nación, pero hasta ahora solo ha habido como novedad el proyecto de pago de Santa Fe que no se reflejo en ninguna contestación de Nación al punto de que en el proyecto de presupuesto 2018 que no figura la más mínima partida”, agregó.

“Le pedimos a la Justicia Federal que le exija al Poder Ejecutivo Nacional que le envíe una copia del expediente administrativo que se haya labrado con motivo de la deuda hasta ahora. Con lo cual una vez que lo tengamos, veremos si surge algo que sea reprochable o no. Los plazos de la sentencia de la Corte estarían vencidos pero para eso la Justicia tiene que tener materialmente las constancias administrativas”, indicó López Mirossevich.

Consultado sobre si ante la cercanía de las elecciones hay algún tipo de interés político en esta presentación, el abogado respondió: “No. Motivaciones políticas no es lo mismo que comprender la realidad política en la que estamos inmersos. Somos conscientes de que el 22 hay elecciones pero hemos empezado a advertir una situación cada vez mas grave en la que se encuentran las finanzas de la provincia y cada vez una mayor indiferencia por parte del gobierno nacional, entonces nos parece que era el momento oportuno”.

“Lo hacemos  para defender el derecho a la información, que es una garantía constitucional y segundo por la participación ciudadana responsable. Estamos haciendo la parte preliminar, no hemos demandado a nadie. Nosotros, como habitantes de Santa Fe, buscamos que se determine si existen o han existido razones que estén generando este daño colectivo que sufre la totalidad de la provincia de Santa Fe. Si esto fuera así, la otra etapa es el probable pedido de resarcimiento”, finalizó.

Los trabajadores del Ingenio Ledesma de Jujuy iniciaron hoy una huelga por 48 horas al fracasar una nueva ronda de negociaciones salariales con la empresa.

La protesta fue convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) en una asamblea celebrada anoche, cuando rechazó una nueva oferta de la empresa que fijaba un salario básico en 20.250 pesos, informaron fuentes sindicales.

El gremio pretende que los obreros de la fabril más grande del norte argentino accedan a un salario básico de 21.600 pesos, al tiempo que reclama una serie de medidas para mejorar las condiciones de trabajo.

Al fracasar las negociaciones, los trabajadores resolvieron en asamblea una huelga por 48 horas a partir de hoy, con lo cual retomaron medidas de fuerza que semanas atrás se prolongaron por 21 días.
"Atento a que no se llegó a una salarial mínima para el bienestar de las familias azucareras, se ratifica la continuidad de la huelga a partir de las 5 del día martes 10 de octubre", señaló el dirigente sindical Rafael Vargas a Télam.

Según el dirigente del Soeail, la última oferta de la empresa alcanzó a un básico de 20.250 pesos "es decir 40 pesos más que la anterior, un nuevo ofrecimiento que fue mínimo".

Fuentes del Ingenio Ledesma ratificaron que la empresa no se sentará a negociar con el sindicato mientras haya medidas de fuerza.

El primer despido y el traslado compulsivo de los primeros trabajadores de las UDAI, generó una muy dura respuesta de ATE Anses que apuntó contra el Gobierno Nacional por el comienzo de la desestructuración de esos organismos de atención.

“Los 45 mil despidos de trabajadores estatales que presupuesta Cambiemos para 2018 ya comenzaron en ANSES”, señalan con un durísimo comunicado de prensa.

Denuncian el despido de una trabajadora UDAI Córdoba I, el traslado compulsivo de los empleados de la seccional Bernal y el desguace de áreas estratégicas para el organismo.

“Vienen por todo y profundizan el desfinanciamiento deliberando de la ANSES, para llevarlo a la ruina económica y el descrédito popular. El objetivo de fondo es reprivatizar el sistema previsional, achicar el organismo, subir la edad jubilatoria y bajar los aportes patronales”, explican.

Por ello convocan a realizar asambleas en los lugares de trabajo para frenar el ajuste que se viene y que, según pronostica ATE, avanzará contra los salarios, derechos y conquistas.

El Gobierno nacional prorrogó hoy hasta el 31 de diciembre la declaración de la emergencia agropecuaria para varias zonas de la provincia de Córdoba afectadas por las lluvias, que había vencido el pasado 30 de junio.

Según la resolución 294-E/2017 del Ministerio de Agroindustria, publicada en el Boletín Oficial, el beneficio alcanza a "los productores agrícolas afectados por el fenómeno de anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias durante el ciclo productivo 2016/2017".

Según el detalle de la norma, las cuencas hidrográficas alcanzadas por la emergencia agropecuaria son el sistema Santa Ana; La Picasa; Laguna Jurne; Río Saladillo; Río Quinto; Morteros; Río Carcarañá; San Francisco; Laguna del Siete y Río La Paraguaya, en toda su extensión.

También a la cuenca Río Primero (Suquía); Río Carnero y Río Salsipuedes; Cuenca Río Jesús María y Río Pinto; Cuenca Río Totoral y Arroyo Macha; Cuenca Río Bustos y Arroyo del Pescadero; Cuenca Río de los Tártagos y Río Seco; y el Sistema Río Dulce en sus porciones inferiores a la cota de 150 metros sobre el nivel del mar.

Otras zonas alcanzadas por la declaración de la emergencia económica son el sistema Arroyo El Gato y Arroyo Santa Catalina; sistema Río Cuarto; Río Tercero; arroyo Chazón; arroyo El Chato; arroyo Tortugas y cuenca Río Segundo (Xanaes) en sus porciones inferiores a la cota de 300 metros sobre el nivel del mar.

Según la resolución, "los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran" afectados por los anegamientos provocados por las lluvias.