El bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, repudia las declaraciones del ministro de Justicia Germán Garavano, quien dijo “compartir con Lilita (por la diputada Carrió) que hay muchos sectores que quedaron involucrados en estas maniobras, que es algo bastante transversal a varios sectores de la clase política”, en referencia a una supuesta protección hacia el diputado Julio De Vido.
Resulta inadmisible que un ministro de Justicia pretenda digitar las causas que deben avanzar. Sus declaraciones constituyen una nueva intromisión en la Justicia, a las que el Poder Ejecutivo lamentablemente ya nos tiene acostumbrados.
Si la Diputada Carrió o el ministro Garavano tienen información para aportar en relación a los hechos que se investigan, que haga inmediatamente la denuncia ante la Justicia, pues tiene obligación legal y la responsabilidad pública de hacerlo.
Además, si como dijo Garavano “el interés del Presidente es que esto se sepa lo antes posible y del modo más transparente posible”, que Macri instruya al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a que concurra al Congreso a dar explicaciones, trámite que se negó a cumplir luego de que el arrepentido del Lava Jato Leonardo Meirelles aseguró ante la Justicia argentina que Arribas cobró diez coimas por más de 800 mil dólares. La Justicia cerró la causa contra Arribas en tiempo récord, aunque la operación fue tan alevosa que debieron reabrirla.
Sobre las operaciones de Odebrecht en Argentina hace falta investigar mucho, pero hay algo que ya sabemos: su socio era Macri. Por eso el Presidente, a poco de llegar al gobierno, les otorgó por decreto a su primo Angelo Calcaterra y a su socia Odebrecht 45 mil millones de pesos para terminar la obra del soterramiento del Sarmiento.
Respecto a la supuesta “protección especial” otorgada a De Vido, sus abogados Julio Virgolini y Adrian Maloneay señalan lo siguiente:
“1. Es absolutamente falso que existen 135 causas en contra de nuestro cliente. Julio De Vido enfrenta cuestionamientos o revisiones judiciales de sus actos como ministro y se defiende con nuestra única asistencia legal en nueve causas que se encuentran en trámite ante el fuero federal. Tal circunstancia desmiente no solo la propaganda de la existencia de cientos de causas en su contra, sino también, que lejos está de recibir algún tipo de protección en contra de una persecución judicial que se encuentra totalmente vigente y de la cual es objeto nada más y nada menos que en nueve causas.
2. Que a pesar de considerar falsas, excesivas, injustas o provenientes de operaciones políticas las imputaciones en su contra, nuestro cliente ha observado una rigurosa e incuestionable conducta procesal: ha concurrido puntualmente a todas las citaciones que recibiera, ha formulado todas las explicaciones pertinentes con relación a cada uno de los nueve procesos a los que fuera convocado, ha presentado documentación y peticionado pruebas dirigidas a demostrar su ajenidad o falta de relación con las presuntas irregularidades que se le han atribuido o que se investigan, ha señalado eficazmente la ausencia de pruebas directas que lo vinculen con hecho delictivo alguno, y ha reclamado pruebas enderezadas a demostrar la corrección de su comportamiento funcional.
3. Nunca ha opuesto reparo alguno a las investigaciones en curso, a las que han acudido proporcionando informaciones y documentación útil para el esclarecimiento de los hechos; en consecuencia, nunca se le atribuyó acto alguno de elusión de los procedimientos judiciales ni propósito alguno de obstaculizar la justicia, que son los únicos que pueden determinar la privación de libertad de un ciudadano, en un todo de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes.
4. En ninguno de los procesos en los que ha sido convocado se le atribuye haber recibido sobornos o pagos; ni se han presentado testigos de Argentina, Brasil o de cualquier otro país, que digan que recibió coimas. Las cuatro causas en las que se encuentra en situación de procesado (no culpable), versan sobre comportamientos funcionales propios del desempeño de su cargo de Ministro y, en general, sobre el conocimiento que pudo o no haber tenido sobre la sospecha de comportamientos disfuncionales de otros funcionarios o en cuestiones de suma complejidad, que están lejos de haber sido completamente investigadas o aclaradas.
5. Como sus abogados, somos testigos directos de que, en casi todos los expedientes y de manera uniforme, los distintos jueces de las causas han coincidido en negarle la posibilidad de producir las pruebas que peticionó, o se las han denegado de modo invariable e inmotivado, o no han dado respuesta alguna a sus argumentos. Ello muestra a las claras lo lejos que está de tener o suponer algún tipo de protección. Esto sólo acredita, en cambio, la violación reiterada de la defensa en juicio.
6. Si la diputada Carrio o alguna otra persona tiene información para aportar en relación a los hechos que se investigan, que haga inmediatamente la denuncia ante la justicia, pues tiene obligación legal de hacerlo y responsabilidad pública. Las denuncias no se hacen en la televisión.
7. Las causas iniciadas hoy contra De Vido no constituyen siquiera irregularidades administrativas”.
¿Queda alguna duda de que si se está protegiendo a alguien, no es precisamente al compañero Julio De Vido?
