El Tribunal Supremo español inhabilita al presidente catalán Quim Torra por una pancarta sobre la libertad de expresión
El Tribunal Supremo español inhabilita al presidente catalán Quim Torra por una pancarta sobre la libertad de expresión El caso es un abuso de la jurisdicción de la Junta Electoral Central, el enésimo intento de las autoridades españolas de reprimir a la minoría nacional catalana
El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de inhabilitar al presidente catalán Quim Torra por haber colgado una pancarta en apoyo de los presos políticos catalanes en época de campaña electoral. Tres de los cinco magistrados que tomaron la decisión también participaron en el juicio de 2019 contra los líderes civiles y políticos independentistas catalanes
La Assemblea Nacional Catalana denuncia que la inhabilitación del presidente Torra es una nueva muestra del abuso de las autoridades españolas contra la minoría nacional catalana, y una falta de respeto hacia tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las autoridades españolas no pueden seguir predicando el cumplimiento del Estado de derecho mientras persiguen y encarcelan a representantes elegidos democráticamente. El caso del presidente Torra es sólo uno de una larga lista de líderes electos catalanes procesados por la justicia española, una injusticia que debe ser reconocida y enmendada.
En marzo de 2020, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las minorías, Fernand de Varennes, denunció que la persecución judicial a los líderes independentistas catalanes, “tenía como objetivo intimidarlos en base a sus opiniones políticas”, y agregó que “España tiene una obligación legal de proteger los derechos de la minoría catalana, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, incluyendola expresión política, así como la libertad de reunión y asociación, los derechos fundamentales y la participación en la vida pública ”. Su crítica se suma a las del Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y organizaciones como Amnistía Internacional,Human Rights Watchy la Comisión Internacional de Juristas, entre otros.
Una violación de la libertad de expresión y las garantías democráticas
El caso tuvo su inicio durante las elecciones municipales de marzo de 2019, cuando la Junta Electoral Central consideró que los símbolos de solidaridad con los presos políticos catalanes-lazos amarillos y pancartas-colgados en los edificios de la Generalitat vulneraban la neutralidad institucional. A pesar de que los símbolos habían estado colgados desde de su encarcelamiento, no habían sido un punto de disputa hasta ese momento.
El presidente Torra inicialmente se negó a retirarlos, sobre la base de que los símbolos, que denunciaban la naturaleza política del encarcelamiento de los líderes civiles y políticos catalanes, estaban dentro de la libertad de expresión. Añadió que colgar los símbolos era un acto político y, por tanto, estaba protegido por su inmunidad parlamentaria. A pesar de que finalmente se vio obligado a retirar los símbolos, la Fiscalía dio apoyo a dos querellas, que terminaron con la decisión en diciembre de 2019 de inhabilitar al presidente Torra durante 18 meses y una multa de 30.000 euros.
La Junta Electoral Central solicitó entonces la destitución inmediata de su cargo. Como órgano puramente administrativo, esta demanda supuso un incumplimiento de las garantías democráticas del pueblo catalán, además de que la destitución del presidente es un derecho reservado al Parlamento de Catalunya. Este tipo de comportamiento abusivo concuerda con el conocido “juicio del Procés” contra los nueve líderes civiles y políticos catalanes por haber organizado un referéndum, tras pasar más de 2 años en prisión preventiva y ser condenados de 9 a 13 años de cárcel en medio de la indignación internacional. Además, uno de los miembros de la Junta Electoral Central que tomó parte en la decisión fue un jurista que también trabajaba para el partido nacionalista español Ciudadanos, como se reveló posteriormente.
En junio de 2020, el Tribunal Supremo español prohibió la exhibición de banderas"no oficiales" en edificios públicos, rechazando cualquier vínculo con el caso del presidente Torra pero con una clara intención política relacionada con el movimiento independentista catalán. Esta decisión también afecta a organizaciones y grupos de derechos civiles como la comunidad LGBTI+, ya que la bandera arcoíris no se considera oficial.