Fernando Cerimedo, forma parte de una lista de 37 acusados por intento de golpe de Estado contra Lula
La Policía Federal de Brasil concluyó la investigación contra los acusados de organizar un intento de golpe de Estado tras el triunfo de Lula, que incluyó la planificación de su asesinato. La investigación policial determinó que existe suficiente evidencia para abrir un proceso judicial contra 37 implicados en la trama, entre los que aparece Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario y estratega digital de Milei.
El pedido de acusación de la Policía Federal a los fiscales federales que investigan el caso incluye a Jair Bolsonaro, el único presidente de la historia brasileña acusado de golpista. Los delitos por los que están acusados son intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal, que contemplan penas que pueden llegar a los 30 años de prisión efectiva.
La decisión de la Policía Federal, contenida en un documento de 884 páginas que fue remitido a la Corte Suprema, monopolizó la agenda de los medios en Brasil, que también destacaron la participación del "argentino" Cerimedo en la trama acusada de golpista. El caso también llegó a la portada de los principales sitios de noticias del mundo.
Además de Bolsonaro, también están en el listado el general Walter Souza Braga Netto que fue jefe de Gabinete y el poder real del gobierno de Bolsonaro y el general Augusto Heleno, que fue ministro de Seguridad y la otra pata del ala militar del bolsonarismo.
En esa lista de 37 imputados aparece Cerimedo, que para la Policía Federal brasileña formó parte del llamado Oficina del Odio cuya misión era difundir noticias falsas sobre el funcionamiento del sistema de votación para instalar la idea de un supuesto fraude, como justificativo de un golpe de Estado.
El documento de la Policía Federal analiza la conducta de Cerimedo y afirma que "el grupo investigado incluso actuó a través de milicias digitales para repercutir y amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a "resistir" en frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas y crear el entorno adecuado para la intervención federal comandados por fuerzas militares".
"Los ataques al proceso de votación electrónica no comenzaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. El grupo ahora investigado, desde 2019, utilizó el modus operandi desarrollados por la autodenominada GDO ("Oficina del odio") para propagar la idea de vulnerabilidad y fraude en sistema de votación electrónica del país", agrega el documento.