Di Tullio presentò un proyecto para que quede sin efecto el decreto que quita pensiones a personas con discapacidad

La diputada nacional Juliana di Tullio, con el acompañamiento de María Teresa García, Diana Conti y Alberto Ciampini, presentó un proyecto de resolución para que quede sin efecto el decreto  432/97 que le quita las pensiones a personas con discapacidad.

El texto argumenta que dicho decreto es inconstitucional ya que el "estado argentino adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue aprobada y ratificada por la ley nacional n° 26.378 promulgada en 2008 y por medio de la ley nacional 27.044 promulgada en 2014, se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad."

La diputada di Tullio agrega en su argumentación que “la aplicación brutal que se hizo del decreto 432/97 reglamentario de la ley 13.478 y sus modificatorias, no hace más que confirmar el profundo desprecio que tiene el Gobierno Nacional respecto a los más necesitados.”

Además afirma que al ser “de una inconstitucionalidad manifiesta por los argumentos ante dichos,  y violatorio de los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comunidad Internacional, es que solicitamos dejar sin efecto la aplicación del decreto 432/97 y la inmediata restitución de las pensiones que hayan sido dadas de baja por parte del Ministerio de Desarrollo Social.”

Cabe agregar que en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad los estados parte se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones generales.

"Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella."

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