La abogada de Facundo Jones Huala cuestionó el operativo policial: "Él no se resistió “lo dejaron todo golpeado”
La defensa del lonko de la comunidad mapuche, Facundo Jones Huala cuestionó el operativo policial que se dispuso desde el Juzgado Federal de Bariloche para enviarlo de regreso al penal Federal de Esquel, a la espera de que finalice el procedimiento diplomático por la extradición a Chile donde será juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.
La abogada Sonia Ivanoff, que asiste a Jones Huala, desmintió que el dirigente mapuche haya intentado resistirse al traslado el sábado por la tarde como se informó en algunos medios nacionales. Aclaró que Jones Huala simplemente quería despedirse de su abuela cuando personal de la Policía Federal lo requirió para llevarlo al penal. Jones Huala había sido beneficiado con el arresto domiciliario, que cumplía en la casa de su abuela, ubicada cerca del centro de Esquel.
“Lo dejaron todo golpeado”, denunció Ivanoff en diálogo con “Río Negro”. Ni desde el Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Gustavo Villanueva, ni desde el Ministerio Público Fiscal hubo información sobre el procedimiento. Ivanoff informó que la fiscal interina Sylvia Little peticionó revocar el arresto domiciliario y criticó a la funcionaria porque peticiona requerimientos que “enervan el conflicto social” y con cierta animosidad contra el pueblo mapuche.
Aunque no intervino en el juicio de extradición a Jones Huala, que se hizo el 28 de febrero pasado en Bariloche, el fiscal federal Jorge Bagur Creta, que ya se jubiló, estuvo a cargo de sostener la procedencia de extraditar a Chile al dirigente mapuche.
Villanueva declaró el 5 de marzo pasado la procedencia del requerimiento del Estado chileno y dio luz verde a la extradición de Jones Huala para que sea juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.
La defensa de Jones Huala impugnó esa resolución y recurrió a la Corte Suprema que dictó el jueves sentencia definitiva y confirmó el fallo de Villanueva. Sólo el presidente Mauricio Macri puede frenar la extradición de acuerdo a algunas de las causales que prevé la ley de cooperación internacional en materia penal. Pero el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano afirmó a principios de abril pasado cuando estuvo en Bariloche que, si la Corte Suprema confirma la extradición, “el gobierno nacional va a extraditar a Jones Huala”.
El Estado chileno, según la ley vigente, deberá efectuar el traslado de Jones Huala en un plazo de 30 días a partir de la comunicación oficial del gobierno nacional, con la posibilidad de que haya una prórroga de 10 días. “Vencido el plazo sin que se hubiese efectuado e1 traslado, el requerido será puesto inmediatamente en libertad, y el Estado requirente no podrá reproducir la solicitud”, advierte la norma.