El Gobierno anunció un paquete de leyes para avanzar en la lucha contra el crimen organizado

El Gobierno anunció hoy el envío al Congreso de seis proyectos de ley que apuntan a avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el marco de una política integral y con normas que contribuirán a agilizar y acelerar la labor de jueces y fiscales.

Las reformas previstas incluyen la incorporación de nuevas técnicas de investigación, la creación de figuras como los agentes encubiertos y los informantes, establece  procedimientos de entrega vigilada y promueven la penalización del desvío de precursores químicos, como la efedrina.

Los anuncios fueron hechos esta mañana en la Casa Rosada en una conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

Estas iniciativas son impulsadas en línea con el compromiso asumido por el presidente Mauricio Macri cuando trazó “como uno de los objetivos prioritarios de su gestión la lucha contra el narcotrático”, señaló Bullrich.

La idea es “poder focalizar claramente en la lucha contra los delitos complejos, como el narcotrático, la trata de personas y el lavado de dinero”, remarcó la ministra.   

Explicó que la primera de las iniciativas  “es el proyecto de flagrancia, que tiene como objetivo incorporar mecanismos que permitan una instrucción y un juicio muy acotado y muy corto cuando el delito es de autor conocido y de prueba sencilla”.
Indicó que esta norma es para aplicar en aquellos casos en los que, “como se dice habitualmente, se comete un delito in fraganti”.

Agregó que el segundo proyecto introduce “nuevas técnicas de investigación que también nos van a ayudar a dar una lucha más eficaz sumando más inteligencia” en el combate contra  el delito.

Para ello se crean figuras como “el agente revelador, el informante y el agente encubierto” y procedimientos como el de la “entrega vigilada”, que facilitarán la marcha de las investigaciones “para llegar el corazón de una organización criminal”.

Un tercer proyecto establece la penalización del desvío de los precursores químicos, para lo cual fue retomado y actualizado con algunos cambios un proyecto que había sido impulsado por la senadora Sonia Escudero y votado por unanimidad en 2008.
 
“Con estos tres proyectos vamos a comenzar a actuar más rápido y con técnicas más sofisticadas que nos permitan desarmar las cadenas del delito y poder actuar contra el suministro, que es el componente fundamental de la pasta base, de la cocaína o de las drogas sintéticas”, señaló.

Por su parte, el ministro Garavano explicó el alcance de otros tres proyectos originados en su cartera por medio de los cuales se promueven “ajustes específicos desde el punto de vista procesal para agilizar las investigaciones, que es algo que reclaman jueces y fiscales.”

“El  primero tiene que ver con unificación del fuero de instrucción y el fuero correccional de la justicia nacional, que tiene impacto para la implementación del proyecto de flagrancia”, apuntó.

Dijo que de esta manera se está dando un paso importante “para romper con la idea de la puerta giratoria” que favorece el accionar de los delincuentes, ya que “se podrán usar mejor y de manera más organizada los recursos de la justicia nacional”.

Agregó que el segundo proyecto es el que “impulsa la transformación de los  tribunales orales criminales en federales y que permite en todos los casos avanzar con juicios unipersonales”.

El paquete de leyes se completa con el proyecto que “modifica la ley  orgánica del Ministerio Público Fiscal con la introducción de cambios para poder  avanzar hacia un sistema acusatorio en el que sean los fiscales los que  investiguen” y los magistrados los que actúan “como jueces de garantías”, explicó Garavano.
Sostuvo, además, que esta norma crea una subprocuraduría, como existe en la provincia de Santa Fe, para accionar contra la criminalidad organizada, que va a permitir concentrar mejor los esfuerzos de los fiscales en estas causas.

También se crearán subprocuradurías en materia penal  y de derecho público y privado. "Son un conjunto de propuestas concebidas con una mirada integral de lo que es la criminalidad y el delito común con el fin de hacer frente a este flagelo que nos preocupa a todos los argentinos", agregó el ministro.

back to top