La Unión de Trabajadores de la Educación consideró "anticonstitucional" el fallo del Tribunal Superior de Justicia, sobre las vacantes
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) consideró hoy "anticonstitucional" el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires que establece que solo pueden exigir vacantes en las escuelas públicas las personas que no puedan pagar la educación privada para sus hijos.
Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, consideró que "el TSJ se posiciona en contra de la Constitución porteña", que en su artículo 24 señala que "la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad".
"Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada", sostuvo la entidad en un comunicado respecto a la resolución difundida ayer.
El fallo, según dijo Parodi a Télam, "busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021".
La Ciudad "tiene un déficit desde hace ya muchos años de vacantes sobre todo para nivel inicial pero también para algunas zonas de la ciudad en el nivel primario y en el nivel secundario", recordó el dirigente y detalló que "cada año son cerca de 20.000 chicos y chicas que no tienen su vacante en la escuela pública, por lo que muchas familias recurren a la justicia debido a que es un derecho poder elegir a qué escuela mandar a sus hijos".
La justicia falló en una causa iniciada en 2018, cuando una madre intentó inscribir a su hijo de dos años en un establecimiento público de la Ciudad y exigió que si no se conseguía la vacante, que fuera subsidiada en un jardín privado, pero el Gobierno porteño no le brindó ninguna de las dos opciones y el niño quedó "en lista de espera".
Parodi consideró que el TSJ lo que hace es "interpretar la Ley Nacional de Educación que establece la obligatoriedad desde los 4 años, por lo cual dice que todos aquellos que no consiguen vacante y puedan pagar tienen que ir a la privada y el Estado garantizar solamente aquellas familias que no lo pueden pagar".
Asimismo, consideró que "si uno toma como continuidad de las políticas del macrismo desde que asumieron, vienen bajando el presupuesto educativo y, lógicamente, al bajar el presupuesto educativo no se construyen escuelas, no se da satisfacción a las familias que quieren vacantes y el Tribunal Superior de Justicia lo que viene a hacer es garantizarle esa política de desinversión en la escuela pública".