El Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género promueve políticas globales para todo el país

El Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género firmado hoy compromete a las provincias a disponer y desarrollar políticas para prevenir y combatir ese flagelo, y establece medidas como restricciones en la portación de armas para los efectivos de fuerzas de seguridad involucrados en esos hechos.

El acuerdo dice que el tiempo actual "nos exige una respuesta contundente y coordinada que exprese el compromiso de cada uno y de cada una" para "políticas públicas integrales y eficaces a nivel nacional, provincial y municipal" en esa materia.

Y así llama a los gobernantes de todo el país a "priorizar en nuestras agendas públicas y políticas todas las acciones necesarias dirigidas a erradicar las violencias de género".

El documento firmado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores estipula que "el primer camino es el fortalecimiento de las áreas de género encargadas de abordar esta problemática en cada territorio, dotándolas de los recursos, las herramientas y el acompañamiento político que la sociedad espera de nosotros/as".

También sostiene que para lograr "la transformación cultural que se requiere, necesitamos avanzar fundamentalmente en políticas de prevención de las violencias, articulando acciones entre las distintas agencias estatales y con las organizaciones sociales, comunitarias y de la sociedad civil".

Advierte además que "el cambio necesario es imposible sin la fuerza del Estado, pero con acciones estatales solamente no alcanza: necesitamos de cada uno de los argentinos y las argentinas para lograr modificar la matriz cultural que cada día produce y reproduce la violencia".

"Ante la urgencia y ante la violencia consumada, necesitamos garantizar los dispositivos y herramientas adecuadas para una asistencia integral para todas las personas que atraviesan esa situación", agrega.

"Estos esfuerzos deben sumarse a los que los poderes judiciales indefectiblemente deben llevar adelante, transformando aquellas estructuras y prácticas deficitarias, para estar a la altura de lo que la sociedad les exige", añade.

El documento llama entonces "sin distinción partidaria ni territorial, construir una política de Estado seria y sostenible en el tiempo. Una política con acciones consensuadas de corto, mediano y largo plazo. Una política que nos lleve finalmente a reducir y erradicar la cantidad de femicidios, travesticidios y transfemicidios que suceden todos los días en nuestro país".

En consecuencia, los y las gobernadoras de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a adoptar las medidas necesarias tendientes a:

1. Integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios creado por Decreto N° 123/2021;

2. Adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación creado por Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD No 408/20;

3. Adherir al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG) creado por Resolución del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 48/21;

4. Promover que el Poder Judicial de cada provincia avance con las transformaciones necesarias para la incorporación de la perspectiva de género a su funcionamiento, realice las capacitaciones que corresponda para actualizar sus prácticas y que, en particular, establezca mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género;

5. Fortalecer las áreas de género provinciales y promover el fortalecimiento de las áreas de género municipales responsables de la asistencia y protección integral a las personas en situación de violencia por motivos de género; y mejorar los mecanismos de coordinación y criterios de actuación conjunta entre la provincia y los municipios, en especial en casos de alto riesgo;

6. Fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad, a arbitrar todos los medios necesarios para la protección de las personas en situación de violencia por motivos de género en dichos casos y a adherir a los procedimientos y modalidades de restricción del uso de armas de fuego de dotación al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad;

7. Garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género, incluyendo el registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones, en articulación con los organismos competentes en la materia;

8. Coordinar y trabajar de manera conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.

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