30 de julio: Día Mundial contra la trata de personas

La trata de personas es un delito y una grave violación a los derechos humanos. Cada día, hombres, mujeres, niñas,  niños y adolescentes son víctimas de este crimen en la región y en el mundo.  

La trata de personas ha sido definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, en el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata, especialmente mujeres y niños, de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.

Según las Naciones Unidas, prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico de personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Además, los datos publicados indican que las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las víctimas de la trata; y la explotación sexual es la forma más común de explotación (59%) seguida del trabajo forzado (34%).

En la región del MERCOSUR, la lucha contra la trata de personas es una prioridad que atraviesa diversas instancias, reuniones y foros regionales especializados. El carácter de delito transnacional obliga a una acción articulada entre los Estados de la región. En ese marco, se han desarrollado una serie de instrumentos, planes y campañas para su combate, prevención, sanción a responsables y asistencia a las víctimas, que constituyen una institucionalidad regional en la materia.

Desde su creación en 2009, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) ha brindado asistencia a los Estados para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en materia de movilidad humana y para la erradicación, prevención y asistencia de víctimas de trata, a partir de cooperación técnica, investigación, capacitación y apoyo en la coordinación de políticas regionales de los derechos humanos.

En ese sentido, se destaca el último estudio publicado en 2019, Migración, derechos sociales y políticas contra la trata de personas en las fronteras del MERCOSUR. El caso de las ciudades de la “Triple Frontera”, elaborado por el IPPDH y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Proyecto Acción Global contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (GLO.ACT). GLO.ACT ha sido una iniciativa conjunta entre la Unión Europea (UE) y UNODC, implementada en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Forma parte de una respuesta conjunta a la trata de personas y contrabando de migrantes, implementada en 13 países estratégicamente seleccionados en África, Asia, Europa del Este y América Latina.

Asimismo, se señala la publicación realizada en 2019 en el marco de la Iniciativa lanzada por IPPDH Foco Niñez Migrante, y en conjunto con Save the Children Protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos, que ofrece un conjunto de herramientas para la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana que requieren protección especial como la migración, el refugio y la trata de personas.

Entre otras herramientas desarrolladas por el Instituto, también están disponibles el Relevamiento de instrumentos MERCOSUR en materia de trata de personas; la Memoria de la III Consulta Pública del Foro de Participación Social del IPPDH sobre Trata de Personas, y el Sistema de Información sobre Institucionalidad en Derechos Humanos en el MERCOSUR (SISUR) que sistematiza normativa, políticas públicas e instituciones de los Estados Partes y Asociados sobre el tema.

Este c, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, tiene lugar en un contexto de crisis provocado por la pandemia del COVID-19 que ha incrementado las desigualdades y ha profundizado la situación de vulnerabilidad de distintos grupos sociales exponiéndolos a un mayor riesgo de ser objeto del delito de trata de personas.  En este marco, el IPPDH destaca la importancia de implementar políticas públicas y fortalecer la cooperación regional para el combate a la trata de personas, la sanción a responsables, la prevención y la protección y asistencia a las víctimas, desde un enfoque de derechos humanos. Al mismo tiempo, señala la necesidad de promover políticas y medidas de respuesta ante la situación actual de pandemia de COVID-19 que presten  especial atención a los sectores de mayor vulnerabilidad, e incorporen las perspectivas de género, interseccionalidad y la diversidad lingüística e intercultural, y los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, a fin de promover y proteger la dignidad y los derechos humanos.


https://www.ippdh.mercosur.int

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