Se cumplen cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel

Este jueves 25 de noviembre se cumple el cuarto año desde el asesinato de Rafael Nahuel, luego de recibir un balazo por la espalda por parte de las fuerzas federales en un predio de Villa Mascardi.

Rafael Nahuel Salvo fue asesinado por fuerzas federales el 25 de noviembre del año 2017 en la reivindicación territorial ubicada en Villa Mascardi, cuando fue alcanzado por una bala que ingresó a su cuerpo por el glúteo izquierdo y trazó un recorrido ascendente, dañando diversos órganos y provocando una profusa hemorragia que le quitó la vida en pocos minutos.

El análisis de la autopsia y las pericias balísticas permitieron determinar no solo que estaba de espaldas a quien disparaba, sino también que estaba a una altura superior, trepando el monte.

Los médicos forenses Leonardo Saccomanno y Juan Manuel Piñero Bauer, concluyeron que la etiología de muerte fue un homicidio.

Rafael Nahuel tenía 22 años. No era militante en la lucha mapuche aunque la rama paterna de su familia sí. Hacía changas para aportar a la casa. En el Semillero del Colectivo Al Margen aprendía el oficio de carpintería. Las distintas intervenciones de las fuerzas federales que terminaron con su muerte comenzaron el 23 de noviembre cuando efectivos ingresaron a las tierras que habían sido ocupadas dos meses antes por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Con orden del juez federal Gustavo Villanueva, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura detuvieron a varies mapuches, entre elles mujeres y niñes que estuvieron precintades durante varias horas. Algunes pudieron escapar hacia las montañas. En el contexto de estas persecuciones, el 25 de noviembre efectivos del grupo Albatros de la Prefectura dispararon con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado: mataron Rafael Nahuel e hirieron a otras cuatro personas.

Desde un comienzo, el gobierno nacional optó por hacer propia la versión de Prefectura: intentaron instalar que los agentes fueron atacados por un grupo armado. Alimentaron la teoría de un supuesto enfrentamiento. A su vez, la reacción oficial, similar a lo sucedido con Santiago Maldonado, fue anunciar que se abriría un sumario interno sobre los integrantes de Prefectura y no separarían de su puesto a ninguno de los involucrados.

Fausto Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala, y Lautaro Alejandro González fueron quienes bajaron al joven moribundo hasta la base de la montaña. Los dos quedaron inmediatamente detenidos tras auxiliar al chico. Los prefectos quisieron incriminarlos, pero las pericias que les hicieron demostraron que ellos no tenían rastros de pólvora en las manos.

El asesinato y su investigación se dieron en el medio de un contexto de estigmatización y persecución del pueblo mapuche. En febrero de 2018 integrantes del Centro Atómico Bariloche tuvieron que salir a desmentir rumores sobre las pericias: el diario Clarín llegó a publicar que habían encontrado restos de pólvora en las manos del chico asesinado.

En enero de 2019 el juez federal, Leónidas Moldes, procesó a cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Moldes los acusó del delito de «homicidio agravado en legítima defensa». Replicó, así, la versión de los prefectos y del gobierno nacional a pesar de que no había indicios de que los mapuches tuvieran armas. También procesó a los muchachos que trasladaron el cuerpo. Los acusó de usurpación y atentado a la autoridad.

Más tarde, la Cámara de Roca procesó a Pintos por “homicidio agravado”. Desde el comienzo de la investigación él fue señalado como el autor material del crimen. La Cámara también le dictó prisión preventiva y otorgó la falta de mérito a los demás prefectos. Sin embargo, Pintos terminó en libertad tras la aparición del peritaje de Gendarmería a su favor.

En febrero de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca determinó la falta de mérito del prefecto para Pintos. Los camaristas argumentaron su decisión al señalar que había «dos pericias absolutamente contradictorias entre sí».

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