23 de septiembre: Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas

Después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas constituye el negocio transnacional que genera mayores dividendos. Quienes caen en las redes de los tratantes, pueden enfrentar la explotación sexual, distintas formas de trabajo esclavo y mendicidad forzada, y abusos de todo tipo, perdiendo sus derechos más básicos, como la libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto de violencias.

Instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Fue un 23 de septiembre, en el año 1913, cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. El país pionero fue Argentina.

EL CONTEXTO DE LA LEY

El país pionero fue Argentina: la ley 9.143. La norma es también conocida como la "ley Palacios” porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios y marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres para el ejercicio forzado de la prostitución.

A principios de 1900 operaba la enorme red mafiosa que explotaba mujeres traídas desde la europa blanca por la supuesta mutual Zwi Migdal.

El Camino de Buenos Aires se había convertido en la Meca de la prostitución mundial. El antiguo Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, decía simplemente, con suma hipocresía: "no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad" O sea que sí podía haber chiquillas de cualquier edad, siempre y cuando hubieran sido iniciadas tempranamente.

La historia de la Ley Palacios

En 1913, con un contexto internacional convulsionado que se encaminaba a la Primera Guerra Mundial, en la Argentina, y en Buenos Aires principalmente, la práctica de la prostitución estaba muy extendida y en manos de verdaderas mafias que no sólo manejaban un negocio ilegal sino que también esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

El antiguo Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires, de 1875, supuestamente prohibía el trabajo en prostíbulos a mujeres menores de 18 años, “salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad". Obviamente esta norma no era cumplida aunque fuera violatoria de derechos humanos básicos.

En ese marco el joven diputado socialista Alfredo Palacios propuso una reforma legal al Código Penal para reprimir la rufianería con toda dureza. El debate en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el 17 de septiembre de 1913. El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10 años de cárcel para quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres –mayores y menores de edad-; la consideración de coautores sujetos a penas de los dueños de los prostíbulos; y las fuerzas de seguridad debían estar disponibles para el control y penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos o extranjeros.

Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta norma de avanzada para la época ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos humano y en especial de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y esclavitud.

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