El presidente del Banco Nación, se mostró a favor de la declaración del cramdown para Vicentin
El presidente del Banco Nación (BNA), Eduardo Hecker, se mostró a favor de que la Corte Suprema de Santa Fe declare el cramdown sobre la empresa Vicentin, luego de que el máximo tribunal provincial se abriera a una intervención más profunda por parte de sus acreedores en la cancelación de su deuda.
En ese sentido, el BNA tiene una posición privilegiada entre lo acreedores de la empresa, ya que tiene US$ 300 millones de los casi US$ 1.600 millones que la cerealera dejó sin pagar a principios de 2020, entre quienes se destacan otros bancos públicos y extranjeros, además de productores de Santa Fe.
"A partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado", aseguró Hecker en declaraciones a la prensa.
Hecker advirtió que si el juez Fabián Lorenzini homologaba la propuesta que la empresa había presentado, se abría una "posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando".
"Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo", subrayó Hecker.
Por último, el funcionario recordó que el banco "manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización; el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo".
Otra de los entidades acreedoras de Vicentin es el Banco Provincia, que también rechazó la propuesta de reestructuración presentada por la empresa "por considerarla insatisfactoria para los intereses de la banca pública".
Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.600 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que ahora deberá dirimir la Corte Suprema santafecina.