El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a 366 "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" en tomas de escuelas secundarias por diversos reclamos, en tanto ya están en curso 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por más de 50 millones de pesos, mientras que referentes políticos y estudiantes repudiaron la medida.

Según precisó hoy el Ministerio de Educación porteño en un comunicado, "cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas".

La cartera educativa también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que "cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".

Como consecuencia de este informe ya están "en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85", detalló el Ministerio.

"Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad", señaló la titular de la cartera educativa local, Soledad Acuña.

Al respecto, Acuña señaló al canal de noticias TN que realizaron la denuncia "en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad de los alumnos que realizaron la toma", a la que calificó como "una intrusión en la institución", ya que "hubo perjuicios en la realización de obras y en el desarrollo de actividad docente".

Si bien la ministra manifestó que "en términos generales las escuelas no tuvieron situación de vandalismo" e incluso que "había chicos que hicieron actividades de reparación de las aulas", sostuvo que también realizaron una denuncia en el fuero civil "por los daños y el costo que provocó al Estado el hecho de que la escuela estuviera cerrada por las obras de infraestructura y las horas de docentes".

"Nosotros buscamos educar en democracia y marcar que las acciones tienen consecuencia", apuntó y agregó que "hay un camino y derecho a la protesta, pero nunca cerrar un colegio puede ser una forma de protesta".

La funcionaria concluyó que "cuando se produce una toma, si las familias deciden no retirar a los chicos, son tan responsables como los chicos".

Por su parte, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Grahan dijo a

Télam que "nosotros estamos en contra de las sanciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad porque va en contra del derecho de protesta de los chicos y chicas".

En este sentido consideró que "lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación porteño es intimidar a los chicos para que no reclamen por cosas justas como todo aquello relacionado a infraestructura, los alimentos y las pasantías".

A su vez enfatizó que el accionar llevado a cabo por la ministra Acuña lo único que pretende es "violentar a la educación".

Por último, remarcó que las acciones penales impulsadas por la cartera de Educación porteña es algo "inaudito", debido a que reclaman "derecho de admisión en una institución pública".

En tanto, fuentes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) informaron a Télam que no están representando" a las 366 personas, solo a aquellas que se acercaron. Se está respondiendo a las cartas documento negando todas las acusaciones" realizadas por el Gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta "tanto a los menores como a los adultos".

La titular del MPD, Marcela Millán, había considerado "confusa" la acusación impulsada por el Gobierno porteño y advertido que "aunque esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas".

Respecto de las multas, había apuntado que más adelante realizarían "una evaluación desde el punto de vista jurídico para ver si tienen algún asidero", pero opinó que "hoy solo son una táctica de amedrentamiento a las familias".

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Todos (Ftd) e integrante de la Comisión de Educación Laura Velasco se refirió a la denuncia y se preguntó "¿qué pasa cuando se pierden horas por falta de docentes, por ratas en las escuelas como en la 26 de Boedo y el Normal 5 de Barracas; o porque se robaron todas las notebooks de los estudiantes como en el Normal 1 y la Escuela 8 del distrito escolar 10?".

El diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano, en declaraciones a Télam, repudió "fuertemente la decisión de Acuña" y sostuvo que "va a contramano de lo que tiene que hacer un ministro de Educación que es recibir a los alumnos y atender sus reclamos".

A su vez, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman escribió en Twitter: "¡Qué vergüenza! Persecución total", al tiempo que llamó a "organizar un gran repudio contra Larreta. Las familias no pueden ser víctimas de su campaña electoral".

Una alumna de la Escuela de Enseñanza Artística (ESEA) Rogelio Yrurtia manifestó por escrito a Télam que si bien "no hubo denuncias a las familias" en ese colegio, muchos chicos no fueron a las tomas porque dijeron tener miedo y sentirse "muy perseguidos".

"Entre centros (de estudiantes) obviamente hubo muchísimo apoyo y nos compartíamos constantemente la información y nos intentamos ayudar en lo mayor posible", recalcó.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reiteraron a esta agencia que "las cartas documento a madres y padres exigiendo un pago por daños y perjuicios" enviadas por el Gobierno porteño son "un nuevo intento de generar temor en la comunidad educativa".

El mes pasado, el CELS había comunicado que "no hay que dar lugar a esta estrategia", y que "hay que contestar la carta rechazando cada uno de sus términos".

El organismo también había precisado que "ninguna persona puede ser acusada de una contravención si es menor de 18 años y no existe el trasvasamiento de responsabilidades por generación", al ser "algo inviable en términos jurídicos ya que las madres o los padres no pueden hacerse cargo por actos de sus hijos menores".

El 13 de septiembre pasado, el Ministerio de Educación porteño oficializó la extensión de clases en las escuelas que fueron tomadas, a través del envío a las familias de los estudiantes de una notificación con la cantidad de días en las que implementará la medida adoptada para "recuperar" las jornadas "perdidas".

En cada nota, en tanto, figuraba la cantidad de días por lo que se alargará el ciclo lectivo actual, cifra que responde a las jornadas en las cuales se mantuvo la protesta de los estudiantes de 11 escuelas porteñas que, a fines de septiembre, decidieron tomar los establecimientos en reclamo de mejoras en la infraestructura escolar, en las viandas y en contra de las prácticas laborales en empresas, según indicaron.

Durante las tomas en los colegios porteños, los estudiantes y las familias recibieron el respaldo de organismos de derechos humanos encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo que repudiaron lo que consideraron "estrategias de criminalización" ejercidas por el Gobierno porteño.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) afirmó hoy que "todos los argentinos tienen derechos adquiridos" pero "igual pagan impuestos", por lo que, remarcó, "no hay ninguna ley que diga que la Justicia no debe pagar" el Impuesto a las Ganancias.

Sobre el artículo incluido en el Presupuesto 2023 para que los integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias, agregó: "El Estado hoy se priva de recaudar 238 mil millones de pesos con la eximición del impuesto a la Justicia"

"Vemos que hay un déficit en sectores como las becas Progresar y la seguridad en Rosario, que se puede cubrir con la derogación en la excepción de Ganancias de jueces y empleados del Poder Judicial", dijo.

Sobre las distintas posiciones en el debate parlamentario, Valdés sostuvo: "Ya hubo expresiones a favor. Marcelo Casaretto, impulsor de esta idea, fue aplaudido por diputados radicales, como (Ricardo) Buryaile y (Fernando) Carbajal, de Formosa, que contó que siendo juez federal pagó Ganancias".

Por Radio Del Plata, remarcó la postura de los jueces de la Corte a favor del Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial en años anteriores: el presidente del tribunal, Horacio "Rosatti, en mayo del 2016 en el Congreso dijo que iba a militar para que todos los jueces paguen Impuesto a las Ganancias. Lo mismo dijo (Carlos) Rozenkrantz".

"(Juan Carlos) Maqueda en 1996, como diputado nacional, cuando se votó la ley 24.641 de eliminación de la excepción de Ganancias a los jueces, fue miembro informante y habló sobre la necesidad de que los jueces paguen. Mientras un camionero o un metalúrgico pagan Ganancias, en este momento de la Argentina ir hacia una mayor equidad tributaria es un acto de estricta Justicia", analizó.

Valdés dijo que "en el mundo no hay jueces que no paguen Ganancias. En Estados Unidos, en 1932 empezaron a pagarlo".

"En esa década también se planteó en Argentina; la misma Corte que convalidó el golpe a Yrigoyen fue la que determinó que los jueces no tienen que pagar ese impuesto. ¿Por qué el 98% de la sociedad paga impuestos y los jueces por tener la lapicera de un fallo no? Por lo menos que se pongan de cara a la sociedad y expliquen esa situación", afirmó.

Industriales de la carne, matarifes, consignatarios, productores y cámaras representantes de la cadena coincidieron hoy en que la obligación de comercializar la carne vacuna en cortes, medida que entrará en vigencia en noviembre, resulta "inviable" por lo que solicitaron a las autoridades su revisión.

"Por consenso unánime de los presentes se ha concluido que la medida resulta totalmente inviable solicitando a las autoridades la revisión de la misma", señaló la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), organizadora de un encuentro que se realizó en uno de los salones del predio ferial de La Rural.

En una nota dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la ministra de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos, pidieron que "se suspenda la aplicación de la medida, permitiendo descargar medias reses con medios mecánicos".

Asimismo, solicitaron que "se convoque a los sectores afectados al efecto de encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo que permitan por la vía del consenso, y sobre bases técnicas sólidas, avanzar en forma efectiva en la modernización del consumo, integrando a todos los actores de la cadena de valor, y muy especialmente a los trabajadores, su salud, y sus fuentes de trabajo".

"Tenemos que empezar a trabajar en modernizar y actualizar la industria cárnica de consumo; el primer paso es sacarle la media res del hombro a la persona que hoy está manejando ese abastecimiento de las carnicerías; en eso estamos todos de acuerdo", afirmó Leonardo Rafael. presidente de Camya, a la salida del encuentro.

Por su parte, Sergio Pedace, vicepresidente de la Camya, aseguró que "la industria frigorífica no está en condiciones de poder lograr este objetivo; necesitamos más tiempo para poder llegar a lo óptimo sin descuidar a los trabajadores de la industria y sobre todo a los que llevamos la carne a las carnicerías".

Para Pedace, es necesario "que se suspenda esta medida hasta tanto podamos realmente adaptar los frigoríficos, adaptar los camiones; no llegaron los créditos a los frigoríficos".

Del encuentro participaron empresarios relacionados con el consumo interno de carnes, tanto del Conurbano bonaerense como del interior del país, como así también representantes de las Cámaras Frigoríficas, y de entidades de productores y consignatarios, como Fifra, Ciccra, Unica, Cadif, CIFA, Cafrisa, Federación Gremial de La Carne, Centro de Consignatarios, CAF, autoridades del MAG, FAA y Coninagro.

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, reafirmó hoy que "la justicia debe resguardar a los más débiles", al inaugurar el encuentro "Personas privadas de libertad: Desafíos de los estándares de la Corte IDH para la justicia penal", coorganizado junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Defensoría General de la Nación.

La actividad se desarrolló en el salón auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería.

En ese marco, la Corte IDH presentó su última Opinión Consultiva "Enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad" que estableció obligaciones específicas para los Estados en relación a mujeres embarazadas, en período de parto, post parto y lactancia; niñas y niños que viven en centros de detención con sus madres o cuidadores principales; personas LGBTI; personas pertenecientes a pueblos indígenas, y personas mayores.

Asistieron al encuentro abierto y público centenares de personas; entre ellas, magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación.

La apertura estuvo a cargo de Slokar; el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

En su presentación, Slokar dijo que las actuales condiciones de detención en el contexto de sobrepoblación carcelería regional y local incumplen los estándares de la Corte IDH sobre el respeto a la dignidad humana y el trato debido en las prisiones, según se informó.

Señaló que el Tribunal Interamericano prohíbe en su jurisprudencia la ejecución de penas crueles, inhumanas o degradantes, y que las obligaciones específicas establecidas en la Opinión Consultiva deben cumplirse para impedir las penas ilícitas. Y en ese marco Slokar sostuvo que "la justicia debe resguardar a los más débiles".

La actividad continuó con el panel "Género y cárceles" que tuvo como expositoras a la Vicepresidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; la Defensora Pública Oficial, Silvia Martínez, y la Secretaria Adjunta de la Corte IDH, Romina Sijniensky.

En el panel "Impacto de las decisiones de la Corte IDH en la justicia local", participaron la jueza de la Corte IDH, Nancy Hernández López; la jueza de la Cámara Federal de la Casación Penal, Ángela Ledesma, y el Defensor Público Oficial, Jorge Perano.

También se distribuyó a los asistentes la última Selección de Jurisprudencia de la CFCP "Privación de libertad y grupos vulnerables" y la Opinión Consultiva nº29/22 del Tribunal Interamericano.

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó esta tarde que poner nuevamente en marcha el programa Ahora 30 de compras de electrodomésticos “es cuidar el consumo, el mercado interno, del poder de compra de los salarios, que es uno de los grandes objetivos" del Gobierno.

El programa Ahora 30 tiene “precios fijos hasta el 21 de diciembre y es mérito de la industria que fabrica parte de los electrodomésticos”, dijo Massa al presentar el programa durante un acto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El programa comprende a 273 productos entre celulares, televisores, heladeras, lavarropas y aires acondicionados de bajo consumo.

Massa dijo que "si cada argentino cambiara su aparato de aire acondicionado por estos de bajo consumo Argentina ahorraría un mes de electricidad”.

Al hablar durante un acto realizado en la sucursal Lomas de Zamora de la cadena Frávega, el ministro destacó que el programa de compra de 30 cuotas fijas tendrá una tasa de interés anual del 48%, sensiblemente por debajo de la existente en el mercado.

"Quiero agradecerle a las dos asociaciones de bancos (por la financiación) porque al Estado le cuesta ‘cero’ este programa”, subrayó Massa.

“Esto es producto del esfuerzo de las cadenas de retail, de los industriales de Afarte (electrodomésticos) de las asociaciones de bancos, y obviamente, del programa de trabajo de la Secretaría de Comercio, pero esto no tiene costo fiscal”, dijo el ministro.

Massa estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el Jefe de Gabinete de ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; y directivos de entidades bancarias, de fábricas de electrodomésticos, y de cadenas de supermercados, entre otros.

El ministro ponderó que la tasa del 48% “es la mitad de la que se paga por la tarjeta de crédito, y tiene que ver con la decisión de acompañar de las dos asociaciones de bancos que nos garantizan $ 200.000 por unidad como máximo, un enorme nivel de financiamiento para todos”.

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que en el programa están comprometidos productos por un monto total estimado en $100.000 millones

Ahora 30 posee “dos particularidades. Por un lado es un programa federal, y por eso le digo gracias a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y a las provincias y municipios que nos están ayudando a que se sumen los pequeños comercios”, destacó.

La segunda característica es que “queremos la venta física, no porque estemos en contra de la venta electrónica, sino porque (la presencial) nos mueve los centros comerciales de cada barrio, el trabajo en cada uno de ellos y nos permite mayor movimiento interno. Son productos nacionales, trabajo nacional, entre 30.000 empleos directos e indirectos”, sostuvo el ministro.

Massa apuntó también a que cuando el Estado trabaja junto con los empresarios los bancos, las empresas y los comercios, pueden "programar un proyecto”.

“Si todos cedemos un poquito podemos conseguir muy buenos resultados para la sociedad argentina. Y en cada uno de los sectores de la economía tenemos que lograr eso. Que todos sedamos un poquito para que todos podamos vivir mejor, ese es el desafío”, dijo el funcionario.

En su rol de anfitrión, debido a que el encuentro se realizó en Lomas de Zamora, Martín Insaurralde dijo que “la característica de Sergio (Massa) es unir puntas”.

“La economía es muy compleja, entendemos los pasos que está dando, pero también creemos que el consumo forma parte del crecimiento”, dijo el jefe de Gabinete bonaerense.

En el inicio del acto, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, destacó que este programa “es un paso más en una hoja de ruta, cuidar las reservas, el orden fiscal y priorizar las importaciones para la producción nacional, que dan trabajo nacional”.