La asociación Scouts Argentina buscará recomponer la relación con la Iglesia católica argentina a través del diálogo y el entendimiento en una reunión con el cardenal Mario Poli que esperan concretar la semana próxima.
"Queremos recomponer la relación con la Iglesia argentina. El diálogo y el entendimiento son la mejor manera para hacerlo realidad", expresó hoy a Télam Juan Manuel Salvado, director ejecutivo de Scouts Argentina, después de que se difundiera un intercambio epistolar entre los monseñores Mario Poli y Héctor Ruben Aguer en el que mencionaban que “no hay vuelta atrás” con los scouts.
“Nos tomó un poco de sorpresa esta carta. No tenemos ninguna confirmación oficial respecto de la finalización del vínculo y desconocemos lo que puede llevar ahora a un cambio repentino, pero nosotros ya habíamos entablado un diálogo con monseñor Poli en diciembre del año pasado para resolver esta coyuntura”, aseguró Salvado.

Según Salvado, tras el primer contacto a través del correo con Poli, esta semana volvieron a comunicarse con la secretaría del prelado para acelerar los tiempos de la reunión: "Tenemos entendido que monseñor Poli no está en la Ciudad de Buenos Aires, así que esperamos que esta semana podamos concretar un día y horario para reunirnos".

El conflicto entre ambas partes se habría iniciado tras la modificación adoptada por la Asamblea Nacional scout, que en noviembre de 2016 decidió modificar el proyecto educativo de la Asociación de Scouts en la definición de la familia como "formada por varón y mujer" a "formada por personas".
"Como les advertí al Consejo de la Asociación hace unos meses aquí en la Curia, que no tiren de la soga porque está a punto de romperse; ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás", dijo Poli en la carta difundida esta semana, en la que también advierte que, una vez que pase el verano, se hará "una presentación más pensada y ordenada de lo que deseamos sea el movimiento en el futuro".

Para Salvado, los cambios incorporados en la Asamblea Nacional no modifican "los valores en ninguna de las actividades que se desarrollan en todo el país, ni pretendemos cambiarlas ahora".
"Seguimos apostando a que, a pesar de que sucedan estas coyunturas, como en cualquier seno de una alianza con un seno patrocinante, generemos un diálogo con la esperanza de llegar a un acuerdo", explicó.

Consultado sobre qué ocurriría en caso de una ruptura con la Iglesia católica, el dirigente de los scouts admitió que "sería muy triste" porque hay "muchísimos grupos que trabajan en las parroquias del país a través de capacitaciones y de vinculaciones de todo tipo".
"Lo que más nos dolería, sería la pérdida de espiritualidad del programa educativo. Significaría desvincularnos de una parte vital para nosotros. Aunque tenemos chicos de muchos otros credos, la composición más grande es de católicos", admitió Salvado.

El patrocinio de la iglesia, según explicó el director ejecutivo, no tiene que ver con un vínculo económico, sino con la prestación de la locación para las actividades en las parroquias y el acompañamiento pastoral a los grupos católicos.

Respecto de los cambios que implica la nueva concepción de familia, el directivo aclaró que se buscó "adecuar nuestro proyecto educativo respecto del código civil argentina y darle un espacio a los chicos con solo padres o madres o chicos adoptados", pero descartó las versiones sobre un apoyo al aborto: "No hubo una manifestación sobre este tema ni de dirigentes ni de la asociación. Es totalmente falso".

En el intercambio epistolar entre los obispos de Buenos Aires y La Plata, el propio Aguer afirmó en diciembre pasado que, en caso de producirse la desvinculación, las actividades deberían hacerse afuera de las parroquias, o continuar trabajando en estos lugares, pero sin la organización scout.
"La afiliación de nuestros grupos scouts se extiende hasta mayo, así que hasta esa fecha no habrá cambios. Esperamos llegar a un entendimiento y recomponer nuestra relación con la iglesia antes de esa fecha y de la Conferencia Episcopal argentina de abril", cerró Salvado.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que nuclea a pequeñas y medianas empresas, se reunirá el próximo martes con los titulares de la CGT para acordar la participación de la entidad en la movilización prevista para el 7 de marzo al Ministerio de Producción.

La reunión será a las 16, en la sede central de CGT de la calle Azopardo, donde la entidad obrera convocará a la central empresaria pyme a formar parte de la movilización ante "la preocupación que existe por la caída sostenida del empleo, el cierre de fábricas y el aumento de las importaciones", informó hoy la CGERA.

El presidente de esa cámara, Marcelo Fernández, aseguró que apoyarán "cualquier iniciativa que defienda la continuidad de las empresas".

"Las pymes somos quienes generamos más del 70 por ciento del trabajo en la Argentina, por eso los dirigentes de la CGT han comprendido que si las pymes están en crisis, el empleo y los trabajadores también lo están", concluyó, en un comunicado emitido hoy.(DyN)

El diputado nacional por el PRO Pablo Tonelli realizó una extraña defensa del escandaloso acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, donde Mauricio Macri le perdonó a su familia una deuda por 70 mil millones de pesos.

"No veo cuál podría ser el inconveniente o la irregularidad", afirmó Tonelli en diálogo con El Fin de la Metáfora, por Radio 10.

Tonelli agregó: "La situación es muy clara, la empresa Correo Argentino se presentó en concurso de acreedores y según la ley de quiebra los créditos de los acreedores se congelan y no corren más los intereses"

El diputado además intentó explicar: "El Correo trató de arreglar con el anterior gobierno pero nunca pudo hacerlo por la negativa a hacerlo. El ministro de Comunicaciones decidió que ya era hora de cobrarle la deuda al Correo que tiene con el Estado argentino. Eso fue lo que se arregló con el Correo, cobrarle los 300 millones de pesos, no se le perdonó ni un solo peso.

Asimismo afirmó que el acuerdo será ratificado: "Todo el mundo tiene que estar tranquilo que el acuerdo para ser válido tiene que ser homologado por la Justicia. Si el acuerdo es razonable, lo homologarán y asunto terminado y sino se seguirá negociando. No es para hacer las acusaciones que se le hicieron al gobierno".

Y defendió al Gobierno: "Me parece una exageración, todos los acreedores están cobrando de la misma forma. No veo dónde está el favoritismo del Gobierno".

El Gobierno buscará este año sancionar una ley para impedir demandas judiciales contra empresas de internet como Google y Facebook por los contenidos que publican.

El proyecto fue aprobado fugazmente en el Senado y es una de las prioridades de la agenda de la Cámara de Diputados que empezará en marzo.  Se trata de un viejo reclamo de los buscadores Google y Yahoo!, que en 2006 sufrieron un fallo de primera instancia que los obligaba a indemnizar a la modelo María Belén Rodríguez por la aparición de su nombre en páginas vinculadas a la pornografía y la oferta sexual.

Las compañías apelaron y en 2014 lograron un fallo favorable de la Corte Suprema, que en una votación dividida consideró que responsabilizar a los buscadores sería como sancionar a una biblioteca “que a través de sus ficheros y catálogos, ha permitido la localización de un libro de contenido dañino, so pretexto que habría ‘facilitado’ el daño”.

Esa fue la interpretación de Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, un riesgo para Google y Yahoo!, porque ambos siguen en el Tribunal.

Temerosos de que otro juez los vuelva a hacer deambular por Tribunales, las compañías lograron que el Senado aprobara un proyecto que elimina cualquier responsabilidad penal de los “motores de búsqueda” en internet.

Fue presentado por Federico Pinedo, quien además de presidente provisional del Senado es un experimentado abogado de empresas de comunicación como Telefónica, motivo que lo dejó en el medio del fuego cruzado de esa multinacional con Clarín por las últimas regulaciones y le costó una denuncia penal.

Pinedo logró aprobarlo su proyecto en la sesión del 2 de noviembre, por unanimidad y sin debate y con senadores del FpV-PJ reclamando saber que se estaba tratando.

Tan desapercibido pasó que esta semana algunos diputados se anoticiaron del tema cuando regresaron de vacaciones y repasaron la agenda parlamentaria.

Y empezaron a recibir llamados de activos lobbystas de Google, Yahoo! y también de Twiter y Facebook, que en los últimos años se posicionaron como distribuidores de contenidos -que hacen y pagan los medios- por excelencia.

Para el gobierno de Mauricio Macri estas empresas son el corazón de su comunicación con el público, tal es así que Google y Facebook se posicionaron rápidamente entre los mayores receptores de publicidad oficial pasando en el 2016 de cero que recibieron durante el kirchnerismo a más de 80 millones, aun cuando el propio Gobierno en el proyecto de Pinedo los define sólo como “proveedores de servicio” de internet.

De hecho, como reveló LPO en exclusiva, el equipo que conduce Marcos Peña apuesta toda a una mega plataforma llamada "Movilización" que se integra con las redes y Google, para ganar las elecciones de octubre.

Como sea, en el proyecto de Pinedo los proveedores quedan divididos según el uso que hagan de sus datos. Están aquellos dedicados a su “alojamiento”, a su “acceso, interconexión, transmisión o direccionamiento”, su “almacenamiento automático o memoria temporal (cache)” y al “enlace, búsqueda y directorios de contenidos o información”.

Y en ningún caso serán responsables de los contenidos almacenados o transportados. Para mayor protección, se aclara que “no se considerará modificación de datos a la variación estrictamente técnica del formato “, o la copia de los mismos para su transporte en la web.

La única exigencia para los proveedores de búsqueda de contenidos que plantea la ley es la de agregar a sus sitios webs una dirección de correo electrónico para la atención de reclamos de usuarios afectados, quienes ya no podrían culparlos de nada.