La Justicia española rechaza excarcelar a Jordi Sánchez, posible sustituto de Puigdemont
El Tribunal Supremo español rechazó hoy un pedido de excarcelación del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, con el argumento de que persiste el riesgo de reiteración delictiva y existen nuevas pruebas que lo incriminan en relación con el frustrado proceso de secesión catalán.
El nombre de Sánchez, quien dio un paso a la primera línea de la política catalana al presentarse como "número dos" de la lista de Junts per Catalunya, sonaba como un posible sustituto de Puigdemont al frente del gobierno regional, ante la imposibilidad de que el ex presidente, quien se encuentra en Bélgica huido de la Justicia, sea investido.
La decisión del juez de instrucción Pablo Llarena, que se mantiene en la misma línea de resolución anteriores, llega en la misma semana que el Tribunal Constitucional español admitió un recurso de amparo presentado por Sánchez y su compañero de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, ante la situación se prisión provisional, que consideran ilegal.
El recurso presentado en el Constitucional pretende agotar las instancias judiciales a nivel nacional, antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).
Además, los 'Jordis" y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, quien también se encuentra en prisión, denunciaron su caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
Los independentistas defienden que su encarcelamiento es ilegal y, por lo tanto, vulnera sus derechos fundamentales.
Uno de los argumentos clave es que consideran que los hechos que se les atribuyen al haber participado del plan infructuoso de secesión del gobierno catalán -rebelión, conspiración para la rebelión, sedición y malversación-, no son constitutivos de delito.
Sin embargo, ante el nuevo pedido de excarcelación de Sánchez, el juez no sólo mantiene la acusación sino que asegura que aparecieron "nuevos elementos de soporte" sobre la participación del presidente de la ANC y su organización en los hechos investigados.
Inicialmente, a Sánchez y Cuixart se les atribuyó un delito de sedición relacionado con las manifestaciones independentistas pacíficas, calificadas por la Fiscalía de "tumultuosas", que tuvieron lugar en Barcelona en rechazo a un operativo policial para evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, que había sido prohibido por ilegal.
Cuando el caso fue asumido por el Tribunal Supremo, los activistas fueron imputados por conspiración para la rebelión -lo que llevó a que se mantuviera su situación de prisión provisional-, y ahora, el juez Llarena señala que existen más pruebas en ese sentido.
En concreto, menciona la agenda intervenida al ex funcionario Josep María Jové, “que evidencia no sólo la reunión de partidos políticos soberanistas y los representantes de ANC y Ómnium Cultural, sino que aquellos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia”.
En ese marco, el juez sostiene que los dirigentes, quienes reivindican su comportamiento pacífico, son conscientes de la "altísima probabilidad de que esta movilización desembocara en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia".
Por otro lado, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado afirma que, a diferencia de otros acusados en el proceso, Sánchez “no sólo no renunció a la actividad pública", sino que la revalidó con su candidatura en la lista de Junts per Catalunya, cuyo líder, Carles Puigdemont, reivindica la vía unilateral.
Asimismo, el juez español alude a la existencia de “un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata y que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia".