La Cámara Federal ordenó investigar si la Oficina Anticorrupción (OA) "elige" en qué causas intervenir
La Cámara Federal ordenó investigar si la Oficina Anticorrupción (OA), encabezada por la ex diputada del PRO Laura Alonso, "elige" en qué causas intervenir y desiste de participar en otras, luego de varias actuaciones polémicas del organismo en casos que involucran a integrantes del Gobierno.
La Sala Segunda del tribunal hizo lugar al reclamo del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien denunció "una supuesta persecución selectiva por parte de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en supuesta violación de sus deberes específicos".
La denuncia había sido descartada en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello, pero la Cámara advirtió que el planteo no había sido debidamente analizado. "El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el organismo –como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que dejó o deja de hacerlo", advirtió el tribunal.
El fallo asegura que una conducta así por parte del organismo manejado por Alonso pudo haber sido destinada "a beneficiar o no accionar en determinados casos, en desmedro de las finalidades propias del organismo".
Además, la Cámara consideró que el juez Casanello "también deberá definir si, con relación a la hipótesis así planteada, concurre o no en cabeza de Echegaray un perjuicio directo que lo habilite a constituirse en querellante", es decir, si existe una persecución en su contra.
Si bien Macri llegó a la presidencia con la promesa de transparencia total, muchos alzaron la voz cuando colocó al frente de la OA a Alonso, una integrante del PRO que pasó a ser la encargada de controlar a su propio Gobierno.
El caso más resonante fue cuando realizó una férrea defensa del Presidente luego de que explotara el escándalo de los Panamá Papers, que revelaron la participación del Presidente en varias sociedades offshore .
También fue muy criticada por rechazar durante mucho tiempo las acusaciones contra el ministro de Energia y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, acusado de incompatibilidades de sus negocios con su función pública.