Por tener una cuenta offshore renunció el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan
El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó ayer su renuncia tras una jornada en la que el gobierno de Mauricio Macri debió soportar una fuerte presión para que aparte al funcionario.
Díaz Gilligan fue cuestionado por no haber declarado su participación en una sociedad radicada en el Reino Unido con una cuenta en la banca del Principado de Andorra.
En los últimos días, Díaz Gilligan se defendió de las acusaciones en su contra y ayer presentó ante la Oficina Anticorrupción documentación relacionada con su participación en Line Action Ltd., empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol.
La renuncia, según publicó ayer lanacion.con, fue mitad decisión del funcionario y mitad de la mesa chica que rodea al presidente Mauricio Macri. “No valía la pena, era costosísimo, revisamos todo y tomamos la decisión”, explicó un importante asesor del Gobierno, y diferenció esta actitud de la del kirchnerismo, que defendía a los funcionarios cuestionados. “Esa es la diferencia entre nosotros y los anteriores”, explicó.
Antes de conocerse su dimisión, el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade lo había denunciado ante la justicia federal por presunto lavado de activos, a raíz de la investigación periodística del diario El País de España que reveló que el funcionario argentino poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.
Cabe destacar que el mismo medio también denunció que el ex gobernador neuquino Jorge Sapag intentó depositar en un banco andorrano 5 millones de dólares, que no fueron aceptados porque la entidad bancaria sospechó que fuera dinero proveniente de corrupción.
Durante la tarde ayer dirigentes del massista Frente Renovador habían pedido que actúe un fiscal y no la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en el caso de Díaz Gilligan.
La jefa de bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó: “Estamos en presencia de la posible comisión de un delito. Debe actuar un fiscal, no Laura Alonso. Basta de circo para evadir los temas de corrupción que los involucran. ¿Cambiemos?”.
Por su parte, la diputada Carla Pitiot había manifestado: “Díaz Gilligan se suma a la lista de funcionarios del gobierno que ocultaban cuentas y millones de dólares en paraísos fiscales. Hoy la Oficina Anticorrupción tiene la oportunidad de demostrar independencia”.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.