El Gobierno porteño apeló el fallo judicial sobre la seguridad de la marcha de jubilados

La gestión de Jorge Macri, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación de mañana en el Congreso.En este sentido, desde la administración porteña solicitaron que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su inmediato tratamiento, a tan solo 36hs de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en referencia a la apelación de la Ciudad.

En la previa a una nueva marcha - en la que dirán presentes jubilados y distintos gremios en la previa del paro general del próximo jueves 10 de abril - el recurso presentado por la Ciudad considera improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”. Según los fundamentos que expuso la Procuraduría en su apelación, la resolución del juez Gallardo "es nula".

Según reclaman desde el gobierno de Jorge Macri, la medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa. Además, La Ciudad en ningún momento renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad.

Por otro lado, desde la gestión de Jorge Macri también acusaron que el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque "invade a la administración" en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

También, la apelación sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad. Además se acusa de afectar al normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad.

Cabe destacar que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus operativos están bajo el foco por múltiples desmanes de las fuerzas de seguridad. En las últimas semanas, numerosos efectivos fueron filmados agrediendo a personas mayores durante las movilizaciones. Además, el fotorreportero Pablo Grillo aún continúa en recuperación tras numerosos días internado en estado grave luego de ser impactado en la cabeza por una capsula lacrimógena que fue indebidamente lanzada.

El recurso de la Ciudad fue firmado por el Dr. Agustín Luzzi, Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.