Gil Domínguez advirtió que «la ley universitaria era mucho más beneficiosa que el acta firmada con el Gobierno»
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó duramente el acuerdo firmado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, al considerar que la recomposición salarial prevista en el acta es sensiblemente menor a la establecida por la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Gil Domínguez recordó que la norma aprobada por el Congreso establecía para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 2 de octubre de 2025 una actualización salarial basada en un parámetro compuesto por un piso no inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más negociaciones paritarias trimestrales.
Según explicó, la aplicación de ese mecanismo habría significado "un incremento entre el 90 % y el 100 % de los salarios al día de la fecha" para docentes y no docentes universitarios.
En contraste, señaló que el acta suscripta recientemente dispone una recomposición acumulada del 24,33 %, dividida en dos tramos: un 21,33 % en junio y un 3 % en octubre, además de futuras paritarias trimestrales y el compromiso de discutir más adelante la recuperación pendiente de 2024.
Respecto de las becas estudiantiles, Gil Domínguez observó que la ley también contemplaba una actualización integral, mientras que el acuerdo únicamente prevé incrementos para las Becas Manuel Belgrano a partir de julio de 2026.
"Queda absolutamente claro que la aplicación de la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente es mucho más beneficiosa que la aplicación del acta", afirmó.
Por otro lado, el constitucionalista también planteó una consecuencia jurídica que podría tener el entendimiento alcanzado entre las partes.
Según indicó, al acordar expresamente que la actualización prevista en el acta constituye una recomposición salarial para el mismo período contemplado por la Ley 27.795, tanto el Gobierno nacional como el CIN estarían reconociendo que la norma fue cumplida.