Textil Alal: La justicia ordenó un depósito para asegurar indemnizaciones a 260 trabajadores despedidos
La Justicia laboral dictó una medida que obliga a la centenaria empresa textil de Corrientes, Emilio Alal SACIFI, a garantizar los fondos para el pago de las indemnizaciones tras los despidos masivos que alcanzaron a 260 trabajadores tras el anuncio del cierre de la firma en la planta de Goya, el pasado 25 de enero. El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva impulsada por los trabajadores cesanteados, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de la patronal.
La sentencia estipula que la firma debe depositar la suma de 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes para comenzar a liquidar las deudas. El plazo perentorio para efectivizar esta transferencia es de diez días, con el objetivo de asegurar que se cubra el 50% del monto indemnizatorio que la propia empresa había reconocido, pero que hasta el momento no liquidó.
Para robustecer la protección de los créditos laborales, el juez Brest no solo ordenó el depósito, sino que también dispuso el embargo preventivo de bienes de la compañía por el total de la cifra reclamada. El magistrado fundamentó su decisión al considerar acreditada la mora en la que incurrió el empleador respecto a sus deberes legales.
En caso de que Alal no cumpla con el depósito en el tiempo estipulado, la Justicia habilitó la posibilidad de proceder al remate de los bienes embargados. Esta instancia busca garantizar que, ante cualquier eventualidad o negativa empresarial, los trabajadores perciban efectivamente la cuota indemnizatoria establecida en el fallo.
El reclamo por el pago total
A pesar de este avance judicial, la representación de los trabajadores aclaró que el conflicto no concluye con esta resolución. Si bien el depósito garantiza un cobro parcial, los damnificados mantendrán las acciones legales para exigir el pago del 100% de las indemnizaciones que corresponden por ley.
El caso de los despedidos de Alal se convirtió en un emblema de la conflictividad laboral en la provincia de Corrientes, exponiendo la necesidad de una intervención judicial para evitar que las desvinculaciones masivas terminen en una desprotección total de los derechos básicos de los trabajadores afectados.