Diputados presentan un proyecto para declarar la emergencia de las MiPyMEs
La crisis que atraviesa el sector productivo argentino ha llegado a un punto de inflexión. Ante un escenario de caída sostenida del consumo interno y una apertura comercial que muchos sectores califican de “asfixiante”, se presentará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Emergencia Productiva y Protección del Trabajo”. El texto, que ya genera intensos debates en las comisiones, no solo busca un alivio financiero, sino que plantea un cambio de paradigma en la protección de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). El proyecto es impulsado por los diputados peronistas del grupo Primero la Patria que integran Nicolás Trotta, José Glinski, Jorge Chica, Santiago Roberto, Guillermo Snopek y Cristian Andino. También apoya el senador por San Juan, Sergio Uñac.
Trotta aseguró que el grupo impulso de este proyecto tiene la convicción de que “hay que defender el trabajo argentino, cuidar a quienes producen y sostener el desarrollo en todo el país porque cuando caen las PyMEs se apaga la economía real”.
El “industricidio” en cifras
Los fundamentos del proyecto pintan un cuadro sombrío de la realidad económica actual. Según el documento, entre finales de 2023 y el cierre de 2025, desaparecieron 22.600 unidades productivas, con una pérdida superior a los 200.000 puestos de trabajo registrados.
“Estamos ante un proceso de desarticulación del tejido social y económico”, advierte el proyecto. El foco está puesto en la industria manufacturera, particularmente en los rubros de plásticos, textiles, metalurgia y automotriz, que enfrentan una competencia desigual con productos importados tras la eliminación de las licencias no automáticas.
Las claves del “blindaje” productivo
El proyecto se estructura sobre tres pilares fundamentales para intentar detener la sangría de cierres:
1. Alivio Fiscal y Moratoria Excepcional: Se propone la creación de la REROTSSYA (Régimen de Regularización Tributaria, de la Seguridad Social y Aduanera). Este plan permitiría a las MiPyMEs regularizar deudas con una condonación de hasta el 100% de multas e intereses para las más pequeñas. Además, se establece la suspensión de todas las ejecuciones fiscales y embargos por parte de la AFIP hasta marzo de 2027, dándoles “oxígeno” financiero a las empresas que hoy tienen sus cuentas bloqueadas.
2. El factor energético: Tarifas y Costos: Uno de los puntos más ambiciosos es la intervención sobre los costos operativos. La ley obligaría a retrotraer los precios de los servicios públicos (luz, gas y agua) a los niveles del 1 de octubre de 2025 para las micro y pequeñas empresas. A esto se suma una reducción del 50% en la alícuota del IVA para estos servicios, una medida que busca impactar directamente en el costo de producción de las fábricas.
3. Protección del Empleo y Doble Indemnización: En un guiño claro a los sectores sindicales, la ley establece que las empresas que se acojan a estos beneficios tendrán prohibido realizar despidos sin justa causa. Aquellas que rompan este compromiso deberán abonar la doble indemnización. El objetivo es claro: el Estado ayuda a la empresa, pero la empresa debe garantizar la paz social y la estabilidad de sus trabajadores.
La administración “inteligente” del comercio
El proyecto no solo propone medidas de alivio, sino también de gestión política. Se contempla la creación del Consejo Federal de Emergencia (COFE), un órgano multisectorial que tendrá el poder de auditar el impacto de las políticas macroeconómicas.
Este Consejo deberá elaborar, en un plazo de 30 días, un marco normativo para la “administración inteligente” de las importaciones. “No se trata de cerrar la economía, sino de evitar que la apertura indiscriminada destruya capacidades productivas estratégicas que luego son imposibles de recuperar”, señala el texto.
El regreso del “Compre Argentino”
Finalmente, la iniciativa busca derogar las modificaciones impuestas por el DNU 70/2023 en materia de compras estatales, restableciendo la plena vigencia de la Ley de Compre Argentino. Esto obligaría al Estado nacional —el principal comprador del país— a dar prioridad a los proveedores locales en sus licitaciones, reactivando así la demanda para las fábricas nacionales.
El debate legislativo promete ser arduo. Mientras los sectores industriales y las cámaras de comercio del interior presionan por una aprobación rápida, desde los sectores más liberales del gobierno advierten sobre el costo fiscal de las medidas. Sin embargo, para los autores del proyecto, la urgencia es total: “Sin políticas activas, el daño al sistema productivo nacional será estructural y permanente”.