Corrientes: Denuncian a Forestal Tapebicuá por administración fraudulenta
Los trabajadores de la empresa Forestal Tapebicuá S.A. presentaron una denuncia penal contra los directivos de la firma por presunto vaciamiento y administración fraudulenta, en medio de una profunda crisis laboral que afecta a más de 400 familias en la localidad correntina de Virasoro. La presentación judicial fue realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones local, en el marco de un conflicto que se arrastra desde agosto de 2025, cuando la planta detuvo completamente sus actividades por 60 días.
La paralización de la maderera, una de las más relevantes del noreste provincial, dejó a cientos de operarios sin percibir salarios y sin acceso a aportes previsionales ni cobertura médica. Según denunciaron los representantes legales de los trabajadores, la situación configura no solo irregularidades empresariales sino también un posible abandono de persona, agravando el impacto social en una comunidad fuertemente dependiente de la actividad forestal.
La causa judicial alcanza a los principales socios vinculados a Celulosa Argentina, así como al gerente de la planta de Virasoro. De acuerdo con la información difundida, la empresa habría incurrido en maniobras que derivaron en el vaciamiento progresivo de sus operaciones. Además, la inactividad no solo afectó a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y contratistas, ampliando el impacto económico en la región.
El conflicto tiene antecedentes recientes: en 2023, la compañía cerró su planta de San Charbel, en Garruchos, lo que implicó el despido de 70 trabajadores. Desde la firma atribuyeron la crisis a factores macroeconómicos como la recesión industrial, la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y un tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, lo que habría deteriorado su competitividad y liquidez.
Frente a la emergencia social, el Concejo Deliberante de Virasoro aprobó la creación de un fondo solidario destinado a cubrir servicios básicos como electricidad y agua potable durante tres meses para los trabajadores afectados. La iniciativa contempla la conformación de un registro de beneficiarios y será financiada con recursos municipales provenientes de tasas específicas. La implementación y control del programa estarán a cargo de una comisión integrada por representantes de los distintos bloques políticos, en un intento de mitigar las consecuencias de esta crisis.(Infogremiales)