Rosato defendió la ley de Salvataje Nacional: si se implementa un RIGI que beneficie a Pymes
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró que la sanción del proyecto de ley de Salvataje Nacional garantizará el fin de la caída libre del empleo y del consumo, debido a la implementación de un sistema que es similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) —que actualmente se aplica a sectores como energía y minería—, pero que no solo beneficiará a las empresas, sino que además contendrá "un compromiso de no despidos por un año o lo que dure la norma" y una mejora en el bolsillo de los consumidores que permitirán una "rápida reacción" del mercado interno.
"Agradecemos a los legisladores nacionales que nos escucharon y entendieron la importancia de contar con una ley que proteja a las Pymes y a los trabajadores. Y convocamos a los diputados y senadores oficialistas y aliados al Gobierno a que se transformen en un canal de diálogo para mostrarle al presidente Javier Milei y a sus funcionarios que esta iniciativa no es opositora, sino que viene a ayudar en un momento en el que la crisis social se recrudece ante la multiplicación de los despidos", sostuvo Rosato.
El presidente de IPA afirmó que "una reacción a tiempo del Poder Ejecutivo le permitirá mantener un escenario de tranquilidad social para seguir siendo competitivo electoralmente, si ese es su objetivo, debido a que cortará el ascendente malestar que se vive en las calles ante el cierre de empresas y el achique de los puestos de trabajo que produjo el derrumbe del consumo interno".
"No solo las grandes empresas necesitan un RIGI, sino que las Pymes y la sociedad en su conjunto merecen beneficios impositivos para recuperarse. El plan contempla la atención inmediata de la crisis que se generó con la morosidad de las deudas bancarias, tanto de las empresas como de los consumidores, a través del lanzamiento de créditos blandos que permitan recuperar la capacidad de inversión para las empresas y de consumo para los trabajadores", especificó Rosato.
Según el proyecto de ley, esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de emprender una "cruzada nacional para salvar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de la República Argentina frente a la amenaza real de su desaparición". En sus fundamentos, el documento advierte que la crisis actual es el resultado de la "persistencia de costos operativos crecientes con volatilidad tarifaria, la apertura importadora indiscriminada con apreciación cambiaria, una carga tributaria que no distingue escalas productivas y el derrumbe del consumo interno".
Para hacer frente a este escenario, la Ley de Salvataje Nacional propone una declaración de emergencia estructurada en cuatro ejes fundamentales: "tarifario, impositivo, productivo y laboral". En materia de costos fijos, el texto establece una "reducción del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa plena vigente para los servicios públicos de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente". Esta medida de alivio se complementa con la orden de que se reduzca "en un cincuenta por ciento (50%) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado" aplicada al consumo de dichos servicios cuando sean "utilizados exclusivamente en procesos productivos".
En el plano fiscal, la iniciativa crea un "Régimen Excepcional de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras". Este esquema ofrece un fuerte rescate financiero que incluye, para las microempresas, la "condonación del cien por ciento (100%) de multas, intereses resarcitorios y punitorios", junto con planes de pago extendidos. Asimismo, la norma dispone la "exención del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuentas bancarias".
Por el lado del mercado interno, la ley busca reanimar la demanda al establecer un "reintegro a los consumidores que realicen compras" en Pymes, equivalente al "25% del IVA tributado sobre productos de primera necesidad". Respecto a la emergencia productiva y comercial, el proyecto exige un "régimen especial de pago acelerado" para aquellas MiPyMES que sean proveedoras del Estado, y fija que las deudas deberán ser canceladas "en un plazo máximo de treinta (30) días corridos".
Además, para garantizar condiciones de competencia justa frente a los productos importados y las grandes marcas, los supermercados e hipermercados deberán destinar, "como mínimo, el 30% del espacio disponible en góndolas y exhibidores a productos elaborados por MiPyMES argentinas".
Finalmente, el corazón de este régimen similar al RIGI, tal como lo definió Rosato, radica en la contraprestación que deberán asumir las fábricas. La norma exige la "preservación de los puestos de trabajo durante la vigencia de la emergencia". El articulado es taxativo al respecto y advierte que "en caso de disponerse despidos sin justa causa, el empleador quedará excluido de los beneficios previstos en la presente ley".
De esta manera, el proyecto subraya su objetivo de sostener el empleo formal bajo la premisa indiscutible de que "sin MiPyMES no hay reconstrucción económica posible".