Continúa el conflicto policial en Santa Cruz
A casi 10 días de que el Gobierno de Santa Cruz decidiera otorgar por decreto la recomposición salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario, integrantes de los policías autoconvocados sostienen que el conflicto todavía no finalizó, aunque reconocen que la medida de fuerza fue perdiendo adhesión en parte de la provincia.
Según expresaron voceros del sector, actualmente la protesta se mantiene principalmente en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre, mientras que en otras localidades los efectivos retomaron sus tareas habituales.
Uno de los referentes consultados aseguró que "hoy se mantiene la medida en Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos" y estimó que alrededor del 50% del personal policial continúa bajo la modalidad de "media fuerza". En el caso del Servicio Penitenciario Provincial, calculó que la adhesión ronda entre el 30% y el 40% del personal.
Desde el Gobierno, sin embargo, se informo que el reclamo "se diluye".
La última reunión terminó sin acuerdo
El escenario actual tiene como antecedente la octava reunión del Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, realizada el 10 de julio en la Escuela de Policía "Comisario Inspector Eduardo V. Taret", en Río Gallegos.
En ese encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado de Trabajo, autoridades de la Policía, del Servicio Penitenciario, representantes del personal activo, retirados, pensionados, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) y la Asociación Civil Policial.
Durante la reunión, el Gobierno presentó dos alternativas de recomposición salarial, ambas rechazadas por los representantes de los efectivos, quienes las consideraron insuficientes y formularon una contrapropuesta. El Poder Ejecutivo respondió que no estaba en condiciones financieras de afrontar ese pedido y la reunión concluyó sin acuerdo ni una nueva fecha de negociación.
Desde el 13 de julio el Gobierno comenzó a liquidar el aumento
Dos días después del fracaso de la negociación, el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, confirmó que el Ejecutivo provincial daría por finalizada la instancia de diálogo y otorgaría la recomposición salarial mediante resolución administrativa y decreto.
Desde el 13 de julio, el Gobierno comenzó a liquidar los nuevos haberes con incremento para el personal policial y penitenciario.
Según la información oficial, el salario inicial de un agente de Policía pasó de $1.115.187 a $1.746.634, mientras que el de un subayudante del Servicio Penitenciario alcanzó el mismo monto.
La actualización salarial también benefició al resto de las jerarquías, con incrementos que llevaron, por ejemplo, el sueldo de un comisario general de $3.295.893 a $3.982.451.
El Gobierno ratificó descuentos y un plus para quienes trabajaron
Al anunciar la aplicación del aumento, el Ministerio de Seguridad también informó en ese momento que comenzarían a aplicarse descuentos por los días no trabajados durante el conflicto, bajo el criterio de que "el día que no se trabaja es el día que no se paga".
Además, confirmó que el presentismo tendrá incidencia en la liquidación salarial y que se implementará un plus económico destinado al personal que mantuvo la prestación del servicio durante las semanas del conflicto.