La FACC pide eliminar doble imposición del Impuesto al cheque que las afecta

La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) consideró necesario incluir la eliminación de la doble imposición que grava su operatoria en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno impulsará luego de las elecciones legislativas de este mes.
"Este tributo atenta contra la competitividad y la formalización de las pequeñas y medianas empresas que atiende el sector. Esta distorsión constituye un fuerte estímulo al uso de efectivo como única vía para evitar la doble imposición", indicó a Télam, el secretario de la FACC, Marcelo Kremer.

Explicó que "a contramano de lo que se opina habitualmente, las cooperativas de crédito no solo pagan el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, sino que a través de los créditos que otorgan impacta dos veces, tanto a la cooperativa en su cuenta bancaria como el asociado en la suya".

Subrayó que "esta inequidad genera una distorsión muy importante en el costo financiero total para el asociado que toma crédito de corto plazo".
"Se configura de este modo una evidente inequidad considerando que los únicos prestadores crediticios exentos del impuesto a los débitos y créditos son las propias entidades financieras Ley 21.526 y no las cooperativas, siendo que en las operaciones crediticias realizadas por las entidades bancarias solo soporta la carga tributaria el tomador del crédito y no así el dador entidad", precisó Kremer.

En este marco, puntualizó "la importancia de implementar alguna variación del sistema actual que combine un impuesto de recaudación eficiente y económica con una disminución del costo para los contribuyentes".

Indicó que "para promover la formalidad en la economía, la FACC propone establecer un gravamen a la extracción de dinero en efectivo y la disminución de la alícuota por débitos y créditos para transferencias dentro del sistema, con el objetivo de castigar el efectivo que sale del sistema, limitando o indirectamente gravando la economía informal, y premiar los movimientos de fondos que circulan en la economía formal".
"Con esta propuesta, el Estado impulsaría la inclusión financiera de miles de pequeños y medianos emprendimientos en todo el país y estimularía la producción al hacer menos gravoso el acceso al crédito para ellos", destacó Kremer.

Concluyó que "más allá de la decisión que tome el Estado, de abandonar o continuar con el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, se espera que el mismo funcione a cuenta de otros impuestos para todos los contribuyentes, favoreciendo de esta manera la formalización de la economía".