La defensa pide anular proceso contra Rousseff porque viola Constitución

La defensa de la presidenta de  Brasil, Dilma Rousseff, pidió hoy la anulación del proceso con miras a su destitución que tramita en el Congreso, y catalogó la eventual  impugnación de su mandato como una violación a la Constitución.      

"Este proceso de 'impeachment' es nulo, fue realizado en disconformidad con la Constitución", declaró el abogado general de la  República, José Carlos Cardozo, en una extensa defensa de la presidenta realizada ante la Comisión Especial de la Cámara de  Diputados.      

El Gobierno solicita "la anulación del proceso y que sean  rechazadas las denuncias (que lo sustentan) por que no hay delitos de  responsabilidad" cometidos por la presidenta, sostuvo el letrado. Los  delitos de responsabilidad son infracciones político-administrativas  en las que pueden incurrir los presidentes de la República en el  ejercicio de su mandato.       

"Si no hubo atentado a la Constitución, si no hubo una acción  dolosa (intencional) y si no fue practicado (un delito) por parte del  jefe del Ejecutivo, es un golpe de Estado, sí", enfatizó en una  extensa exposición de cerca de dos horas.      

"En este caso, por no existir delito de responsabilidad  configurado, por no existir acto ilícito atribuible a la presidenta,  por no existir acto doloso, un proceso de 'impeachment' equivaldría a  rasgar la Constitución Federal de 1988. Si fuera acogido, sería un  golpe", insistió Cardozo.      

Además, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo  Cunha, de acoger el pedido de juicio contra Rousseff por "venganza"  contra el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la jefa  de Estado.      

"La decisión (de Cunha) al acoger el proceso no fue en  cumplimiento de la Constitución. Él usó de su competencia (como  presidente de Diputados) para vengarse y tomar revancha contra la  presidenta", acusó.     

El político del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) acogió el proceso el 2 de diciembre del año pasado, pocas  horas después de que la bancada parlamentaria del PT resolviera votar a favor de que el Consejo de Ética abriera un proceso de impugnación  de su mandato.      

Cunha enfrenta autos de procesamiento en la Corte Suprema por  sospecha de que se benefició con los fraudes en Petrobras y de que  abrió cuentas secretas en Suiza para depositar dinero fruto de  sobornos.      

La acción contra Rousseff acogida por Cunha fue presentada por tres renombrados juristas que la acusan de violar la Ley de  Responsabilidad Fiscal al realizar maniobras contables con el fin de maquillar la situación financiera del Gobierno. También es acusada de  liberar líneas de crédito por decreto sin el aval del Congreso, y de  no haber frenado la acción de la red de corrupción en Petrobras, que  operó cuando ella presidía el Consejo de Administración de la estatal.      

A partir de hoy, el relator de la comisión especial, Jovair  Arantes, del Partido Laborista Brasileño, tiene un plazo de cinco  sesiones del plenario de la Cámara Baja para entregar su informe  sobre si la denuncia contra Rousseff debe ser acogida o rechazada.      

Arantes ya avisó que lo presentará antes, por lo que se estima que  la comisión votará por la continuidad del proceso el próximo lunes 11  de abril, en una sesión que puede durar unas 24 horas.      

Independientemente del resultado, el proceso debe ser votado por  el plenario de la Cámara Baja, lo que se estima comenzará a realizase  el 15 de abril y durará dos o tres días.      

Para que se apruebe la denuncia contra Rousseff se necesita el voto a favor de 342 diputados, que representan a las dos terceras partes del total de 513. En caso de aprobarse, el trámite seguirá en  el Senado, que decidirá si dará apertura al juicio.