Impuesto a las Ganancias: las cifras del gobierno no cierran por ningún lado (Por Axel Kicillof)
El Gobierno quiere disfrazar su mentira electoral de quitar Ganancias acusando a la oposición de irresponsable. Macri prometió eliminar el impuesto e hizo lo contrario: en 2015 pagaba un millón de trabajadores y ahora más de dos millones.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación tiene -tal como se sostuvo desde su presentación en conferencia de prensa el día de la votación- un "costo fiscal" bruto estimado de 65.000 millones de pesos para 2017. Esta cifra es comparable con el costo fiscal del proyecto del oficialismo que se eleva a 50.000 millones de pesos.
El proyecto de Ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados actualiza las deducciones y las escalas del impuesto a las ganancias y establece criterios automáticos para las actualizaciones futuras de todos los montos de modo que solo pague el impuesto el 10% de los asalariados de mayores ingresos. Además, se plantea un esquema progresivo para las deducciones por cargas de familia, se reinstala el incremento por zona desfavorable pero en 45% y se incorpora deducciones por el pago de alquileres, créditos hipotecarios y gastos educativos. Se exime del impuesto al aguinaldo de los salarios menores y las jubilaciones inferiores a 60.000 pesos; mientras que se incorpora a los nuevos magistrados del poder judicial.
En el proyecto aprobado esta merma se compensa con la incorporación de tributos a ciertas rentas financieras (LEBAC, plazos fijos y dividendos: $9.400 millones aproximadamente), impuesto a los juegos de azar (recaudación estimada: 3.500 millones); a las operaciones de dólar futuro (recaudación estimada: $5.700 millones) y la restitución de las retenciones a la minería ($5.000 millones aproximadamente).
Al mismo tiempo, como es sabido, la reducción de la carga tributaria sobre los trabajadores de menores salarios y los autónomos de las categorías más bajas, incentiva el consumo, por lo que se incrementa la recaudación de otros impuestos. Se estima que la recaudación adicional por estos mayores niveles de consumo será en 2017 de $13.700 millones.
Por lo tanto, el costo fiscal neto del proyecto es de $27.700, similar al estimado en el presupuesto 2017.
Esto implica que las jurisdicciones provinciales no sufrirán reducción alguna en sus recursos coparticipados.
En contraposición a estos cálculos, la AFIP atacó el proyecto de reforma de Ganancias que hemos presentado aduciendo que tiene un costo fiscal bruto de $130.000 millones. Esta estimación no tiene ni pies ni cabeza.
En primer lugar, la misma AFIP había estimado un costo fiscal bruto de 95.000 millones de pesos para un proyecto similar pero que proponía un mínimo no imponible mayor, alícuotas menores y deducciones no progresivas. Las más básicas reglas del álgebra contradicen la estimación de la AFIP para el proyecto aprobado: si es menor el mínimo no imponible, son menores las alícuotas y las deducciones son más progresivas, el costo TIENE QUE SER MENOR.
En segundo lugar es imposible que, como afirmó AFIP, el "costo" del proyecto aprobado en Diputados ascienda a 130.000 millones, ya que coincidiría con –prácticamente- toda la recaudación por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría previsto para 2016, de acuerdo a las estimaciones declaradas públicamente por el oficialismo.
El Gobierno se escandaliza por las consecuencias fiscales de una política que busca fomentar el consumo luego de la violenta caída de los salarios reales. Pero al mismo tiempo no se manifiesta preocupado por el costo fiscal que generó la modificación de impuestos que gravaban directamente a los sectores económicos más concentrados, como la rebaja y eliminación de las retenciones, la virtual eliminación del impuesto sobre los bienes personales, la condonación de las deudas a las distribuidoras eléctricas privadas, entre otras.
Recién ahora el gobierno de Macri parece preocuparse por las cuentas fiscales de las provincias, cuando todas las medidas que implementaron no hicieron más que deteriorarlas: la eliminación del 15% que había sido devuelto por Cristina Fernández de Kirchner; la reducción de las retenciones de la soja que desfinanciaron el Fondo Federal Solidario; el blanqueo que perdonó impuestos coparticipables y los cambió por uno que no se coparticipa. Todo esto sin contar la pérdida de ingresos y la recesión que provocó la política económica implementada por el gobierno, que también repercutieron negativamente en la recaudación de los impuestos provinciales y municipales.
Si lo que se busca es reactivar el consumo, este proyecto lejos de ser un "palo en la rueda" es una contribución para que se retome el crecimiento económico.
Queda claro que dilatar el tratamiento del proyecto es una maniobra más para no resolver el tema, tal como quiere el Gobierno. Entendiendo que la posición mayoritaria en el bloque de Senadores del FPV-PJ es la de tratar el dictamen que proviene de Diputados, esperemos que finalmente la semana próxima los trabajadores puedan tener una respuesta.