La legislatura porteña aprobó el financiamiento para la construcción de la Línea F del subte y la ley antitrapitos

Uno de los principales expedientes enviados por la gestión de Jorge Macri fue el que autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta u$s1.350 millones para financiar la construcción de la futura Línea F. La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y uno en contra.

 Durante el debate, el legislador oficialista Waldo Wolff defendió el proyecto y aseguró: "No es un proyecto pensando en lo electoral, estamos pensando en las generaciones futuras". Además, destacó que se trata de una obra de largo plazo: "Será una obra que llevará más de seis años".

"Las diferencias políticas pueden convivir con los acuerdos, cuando las leyes son buenas para la Ciudad. La Línea F no pertenece a nuestro gobierno ni a nuestro partido, será de todos los porteños", sostuvo.

Desde la oposición acompañaron la iniciativa, aunque con reparos. La diputada Claudia Neira, de Fuerza por Buenos Aires, señaló que apoyaron el financiamiento porque consideran necesaria la inversión en transporte, pero advirtió que el endeudamiento "compromete el 77% de toda la deuda de la Ciudad" por un total de u$s1.350 millones.

Además, remarcó que el proyecto no contempla el costo de los vagones, estimado entre u$s200 y u$s300 millones adicionales, y cuestionó el contexto fiscal porteño por la caída de la recaudación y de los recursos coparticipables.

Las obras comenzarán en enero de 2027 y representarán la primera ampliación de la red de subtes en 25 años. La Línea F tendrá 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones, conectando el sur y el norte de la Ciudad y permitiendo combinar con todas las líneas actuales de subterráneo, además de los ferrocarriles Roca y San Martín.

La sesión también aprobó la denominada Ley Antitrapitos, una iniciativa impulsada por el oficialismo que incorporó aportes de La Libertad Avanza. El proyecto obtuvo 36 votos a favor y 18 en contra.

La norma endurece las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, el cuidado de autos en la vía pública y la limpieza de parabrisas.

La nueva norma —identificada como Ley 6.961— fija un marco más estricto frente a una actividad que el Ejecutivo porteño considera organizada y extorsiva. “Los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”, sostuvo Macri, quien desde el inicio de su gestión ordenó intensificar los operativos policiales.

Hasta ahora, la actividad estaba penada únicamente con multas que en la práctica resultaban de difícil cobro. A partir de esta modificación, seguirá siendo una contravención, pero con consecuencias más severas, que incluyen detenciones de entre 10 y 50 días según el caso, e incluso hasta 60 días para quienes actúen como organizadores o promotores.

La normativa distingue distintos escenarios. En eventos masivos —donde se compruebe la existencia de organización previa— se prevén arrestos de 20 a 50 días. Para los cuidacoches en la vía pública, las detenciones oscilarán entre 10 y 30 días. Además, las penas se duplicarán en situaciones de violencia, intimidación o acoso, particularmente si se verifica aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima o cuestiones vinculadas a desigualdad de género.

También se introducen cambios sustanciales en las sanciones económicas y accesorias. Las multas escalan desde poco más de un millón de pesos y pueden superar ampliamente ese monto, mientras que los trabajos comunitarios se amplían a períodos de hasta 45 días. A su vez, quienes participen de manera organizada en estos esquemas podrán ser inhabilitados durante dos años para acceder a planes sociales y beneficios estatales.

El control en torno a eventos masivos será otro de los puntos reforzados. La zona de restricción se amplía hasta 50 cuadras alrededor del evento, con una ventana temporal que se extiende desde seis horas antes hasta tres horas después de su finalización. La normativa también alcanza a clubes e instituciones: si se comprueba su vinculación directa o indirecta con estas prácticas, podrán enfrentar multas millonarias —que llegan a los 20.000 UF— y clausuras de hasta 90 días.