Brasil: El Congreso busca tratar la reforma jubilatoria desde febrero
Luego de conseguir la aprobación de un tope al gasto estatal por los próximos veinte años, el presidente de Brasil, Michel Temer, va por más, y espera que en el primer trimestre del año próximo, el Congreso debata una reforma al sistema jubilatorio que subirá en diez años la edad para acceder al beneficio de retiro.
En esa línea, el Congreso brasileño le daría la derecha, tras una votación en comisión que puso de relieve fuertes diferencias entre los legisladores respecto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El Comité de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer en la madrugada por 31 votos a 20 que se debata el nuevo proyecto, tras 10 horas de discusiones con miembros de partidos de izquierda que se oponían a su introducción en el Congreso.
La propuesta fija una edad mínima de jubilación de 65 años en un país donde las personas trabajan en promedio hasta los 54 años y es parte de las iniciativas del Gobierno para bajar el enorme déficit presupuestario de Brasil.
El martes, el Senado aprobó por 53 votos contra 16 el texto principal de un límite federal al gasto público por 20 años, pieza central del plan de Temer para controlar el déficit presupuestario.
Los costos de la seguridad social, que representan alrededor del 40 por ciento del gasto del Gobierno antes de pagos de deuda, son la principal causa de engrosamiento de la deuda pública y se consideran una amenaza para el futuro de las finanzas de Brasil.
En febrero se conformará una comisión especial que evaluará el proyecto de reforma, luego de que el Congreso retome su actividad tras las vacaciones del verano austral.
Pero la propuesta de enmienda constitucional es resistida por sindicatos en todo el espectro político. Las negociaciones con los sindicatos por la reforma jubilatoria retomarían en el segundo mes de 2017, una vez que los legisladores elijan a los nuevos líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
El Gobierno de Temer se ha visto debilitado en las últimas semanas por una serie de acusaciones de corrupción contra varios de sus integrantes, lo que puede poner en jaque sus planes de reforma.
El político asumió la presidencia hace seis meses, tras un juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.